El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaró nula la ordenanza de movilidad y seguridad vial aprobada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en enero de 2024, tras estimar íntegramente un recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén. Esta normativa, que entró en vigor el 9 de febrero de 2024, pretendía modernizar la gestión del tráfico en la capital tinerfeña y abría la puerta a la regulación de zonas de bajas emisiones (ZBE), así como a la implantación de áreas de estacionamiento regulado con zonas verdes y azules, además de priorizar a peatones, bicicletas y patinetes.
La sentencia, dictada por el magistrado Manuel Hernández Cordobés, argumenta que la ordenanza carece de una memoria de análisis de impacto normativo adecuada, un requisito legal esencial. El fallo señala que el documento presentado por el Ayuntamiento, de 38 páginas, no dedica análisis específico al articulado de la norma, limitándose a «generalidades» que podrían aplicarse a cualquier ordenanza de movilidad. «No puede calificarse como memoria de análisis un texto desconectado del contenido concreto de la regulación», indica el TSJC, destacando que tampoco se evaluaron alternativas ni las consecuencias de no aprobar la norma, conocida como «alternativa cero». Esta deficiencia formal lleva a declarar la ordenanza «nula de pleno derecho» con efectos retroactivos, como si nunca hubiera existido jurídicamente.
La normativa anulada buscaba adaptar Santa Cruz a un modelo de movilidad sostenible, regulando aspectos como el uso de vehículos de movilidad personal (VMP), como patinetes eléctricos, y estableciendo restricciones al tráfico por razones medioambientales. Sin embargo, la Asociación El Perenquén, que llevó el caso a los tribunales, criticó desde el principio la falta de un estudio de movilidad detallado y un plan de evacuación para el centro de la ciudad, argumentando que las medidas restringían libertades ciudadanas sin una justificación suficiente.
El Ayuntamiento, liderado por la concejala de Movilidad Evelyn Alonso (Coalición Canaria), anunció que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, defendiendo que la ordenanza sí incluía una memoria de impacto normativo. Alonso afirmó que, mientras el proceso judicial continúa, la normativa seguirá en vigor provisionalmente, y el consistorio mantendrá sus planes para implementar la ZBE y el Plan Director de aparcamientos mediante ordenanzas específicas. «No anula el desarrollo de estas medidas, que tienen su propia regulación», aseguró, aunque reconoció que aspectos como la regulación de zonas escolares o la retirada de vehículos abandonados podrían verse afectados si el Supremo no admite el recurso.
Este no es el primer revés judicial para una ordenanza de movilidad en Santa Cruz. En 2021, el TSJC anuló una normativa similar aprobada en 2019 por defectos de tramitación, también tras una denuncia de El Perenquén. El fallo actual, que impone costas al Ayuntamiento, reaviva el debate sobre cómo equilibrar la sostenibilidad urbana con los derechos de los ciudadanos, mientras la capital tinerfeña sigue buscando un marco legal sólido para sus ambiciones de movilidad.
