El Tribunal de Cuentas aprobó la declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024 con una opinión favorable, pero la sesión quedó marcada por un hecho sin precedentes: por primera vez desde la restauración de la democracia, un consejero votó en contra del documento. El resultado final fue de seis votos a favor, incluido el del representante del Ministerio Fiscal, frente a un voto en contra y cinco votos concurrentes que formulan reservas sobre el contenido.
El Tribunal ha aprobado la declaración con una opinión favorable, aunque el Pleno manifiesta salvedades o incidencias e insta a su corrección. Entre las irregularidades detectadas destaca el uso de fondos europeos para financiar gastos ordinarios del Estado.
La insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del servicio 50 Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El Gobierno consideró que no comprometían el cumplimiento del plan de recuperación ni la capacidad de absorción de los fondos.
Sin embargo, el Tribunal señala que esta actuación se llevó a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados, dado que existe incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes para financiar modificaciones presupuestarias fuera del plan de recuperación.
La falta de presupuestos para 2024 obligó al Gobierno a trabajar con los de 2023 prorrogados durante todo el ejercicio. Esta situación generó una incertidumbre sobre la aplicabilidad de determinadas normas vinculadas a la gestión presupuestaria y llevó a modificaciones para atender un gasto adicional de 77.341,9 millones de euros que hubieran sido mayoritariamente financiados con deuda pública de no ser por el buen comportamiento de los ingresos.
El Tribunal también detectó otras irregularidades importantes. El resultado presupuestario está sobrevalorado en 4.090 millones de euros por incorrecta imputación temporal de las operaciones. Quedan pendientes de reconocer obligaciones por 5.366 millones y derechos por 2.021 millones de euros.
Además, existe una sobrevaloración de los deudores tributarios y no tributarios de la Administración General del Estado por 11.263 millones de euros, aunque parcialmente compensada por una infravaloración de los deudores de la Seguridad Social, el SEPE y el Fogasa por 2.644 millones. A esto se suma la falta de registro de los intereses de demora en las deudas por cotizaciones sociales, por 781 millones.
El organismo fiscalizador también alerta sobre pagos a justificar pendientes de justificación o aprobación por 1.627,1 millones de euros que han superado los plazos establecidos en la normativa.
El balance de la Seguridad Social recoge por octavo año consecutivo un patrimonio neto negativo que a 31 de diciembre de 2024 asciende a 106.138,7 millones de euros, financiado principalmente a través de préstamos del Estado cuyo importe acumulado asciende a 126.170,2 millones de euros, un 7,91% del PIB. El Tribunal viene advirtiendo sobre esta situación en las sucesivas declaraciones, indicando la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo.
El saldo del principal de la deuda del Estado ascendía, a 31 de diciembre de 2024, a 1,46 billones de euros.
El voto en contra y los cinco votos concurrentes reflejan la fractura interna que genera en el órgano fiscalizador la prolongada anomalía de funcionar sin presupuestos aprobados. España lleva tres ejercicios consecutivos prorrogando las cuentas públicas: en 2024, 2025 y 2026 se aplican los presupuestos de 2023.
