El Tribunal Supremo, a través de su Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, tiene previsto deliberar y fallar sobre el nombramiento del fiscal general del estado, García Ortiz, como tal, justo un día antes de que el citado fiscal general declare ante el magistrado instructor de la causa penal seguida contra él. La Sala Tercera se reunirá el 28 próximo y el investigado deberá declarar en su proceso penal el día 29.
En la causa penal, la instrucción se sigue a instancias de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de revelación de secretos.
En la causa contenciosa, seguida a instancias de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, la espina dorsal de la misma es que García Ortiz tenía una condena por desviación de poder y por ello no debió ser nombrado fiscal general y, además, fue declarada “persona no idónea para ejercer el cargo” por el Consejo General del Poder Judicial. Un doble motivo, ambos de peso.
El día 29 de enero, el fiscal general deberá declarar ante el magistrado Ángel Hurtado, miembro de la Sala II del alto tribunal, tras la querella interpuesta contra él por González Amador. Los indicios contenidos en el auto dictado por el magistrado instructor son realmente vergonzosos para un fiscal general, que además no quiere dimitir. El Burgado.com publica desde ayer el demoledor auto del instructor contra García Ortiz.
Todos estos procesos comportan hechos insólitos en la administración de justicia de este país. Por un lado, el fiscal personado en la causa penal es un subordinado del investigado, lo que hace dudar de la imparcialidad de la acusación pública, quieras o no quieras, por muy honrado que sea –de lo que no tenemos duda— el defensor público actuante. El investigado ni siquiera ha tenido la dignidad de dimitir del cargo, sino que el Gobierno y él se defienden con uñas y dientes, unidos no se sabe si para siempre. Y la causa contenciosa parece de libro.
Algunos juristas muy solventes han dicho que si García Ortiz va derecho a un juicio oral arrastrará consigo al presidente del Gobierno, que ya ha comentado en alguna ocasión que “La Fiscalía es mía”. Pues si es suya, deberían caer los dos, en su caso.
En fin, que este final de mes será muy movido judicialmente hablando. Mientras los pilares del Estado de Derecho se tambalean, el felón de La Moncloa moviliza de nuevo a sus ministros y fuerzas especiales creadoras de opinión. Y el rey hace un canto, ante los diplomáticos españoles, a la separación de poderes tan largamente defendida por Montesquieu. ¿Habrá paz para los malvados?
