El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado el sobreseimiento provisional de la investigación sobre el espionaje masivo a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros. En el auto el juez lamenta la absoluta falta de cooperación de las autoridades israelíes, cuya negativa a cumplimentar las comisiones rogatorias enviadas desde España ha provocado lo que el Tribunal Supremo denomina como una impotencia investigadora insalvable para identificar a los autores materiales de las intrusiones.
La causa, que ya fue archivada en julio de 2023 por el mismo motivo y reabierta en abril de 2024 gracias a nuevos datos aportados por la justicia francesa, queda de nuevo en punto muerto. El magistrado subraya en su escrito que, a pesar de los esfuerzos por cruzar información con el país vecino —donde también se detectaron infecciones similares en terminales de miembros del Elíseo—, la clave para avanzar en la autoría sigue residiendo en la sede de NSO Group, la empresa creadora del software Pegasus. Sin embargo, Israel ha ignorado sistemáticamente todos los requerimientos judiciales españoles, imposibilitando cualquier avance sobre el origen del ataque.
El juez Calama destaca la frustración de la ejecución de las diligencias, señalando que esta actitud por parte de Israel contraviene los convenios internacionales de asistencia judicial en materia penal. Según el instructor, resulta técnicamente imposible determinar la naturaleza de la información de los dispositivos de Sánchez o de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura sin la trazabilidad que solo la compañía proveedora del virus podría ofrecer.
Con esta decisión, la Audiencia Nacional cierra provisionalmente uno de los episodios más sensibles para la seguridad del Estado de los últimos años. El archivo actual no supone el cierre definitivo, ya que la causa podría reactivarse si surgieran nuevos indicios o si el Gobierno de Israel decidiera finalmente colaborar, una posibilidad que el propio magistrado considera remota dadas las circunstancias actuales. Por ahora, el espionaje al corazón del Ejecutivo español se queda sin culpables oficiales, supeditado a que la presión diplomática logre abrir una vía que la justicia no ha podido transitar.
