El Ejecutivo balear que preside Marga Prohens ha iniciado el proceso para reclamar la devolución de más de 4,1 millones de euros percibidos de forma indebida por un total de 2.165 beneficiarios de la Renta Social Garantizada, tras detectar irregularidades en la gestión de esta prestación durante el mandato de Francina Armengol.
La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha enviado ya las notificaciones a los titulares de la RESOGA reclamándoles el reintegro del dinero recibido en pagos que se ha constatado que fueron indebidos. En total, se reclaman 4.129.201,75 euros, lo que supone una media de 1.900 euros por beneficiario, aunque esta cifra se verá ampliamente superada en muchos casos.
La consellera de Bienestar Social anunció en noviembre medidas exhaustivas de control sobre la renta social una vez que se descubrió que el Govern presidido por Armengol pagó de forma ilegal 2,77 millones de euros a 604 beneficiarios con la RESOGA.
La principal causa de los cobros indebidos han sido ingresos laborales por encima del umbral máximo permitido. Le siguen decenas de casos por ingresos procedentes de otras prestaciones que superaban el límite establecido y una treintena de beneficiarios que percibían el Ingreso Mínimo Vital por cuantía igual o superior, haciéndolo incompatible.
Entre las irregularidades detectadas también figuran cuatro casos de salidas del territorio de las Islas Baleares superiores a un mes en un periodo de doce meses, seis incumplimientos de inscripción en el padrón y tres renuncias a la prestación no comunicadas. Además, se han identificado ocho casos de variaciones en la unidad de convivencia que disminuían el importe a percibir.
El origen de esta purga comenzó en noviembre de 2023, cuando Asuntos Sociales solicitó una revisión y evaluación de cómo se otorgaba la renta y cuyo informe final se presentó en marzo del año pasado con numerosas irregularidades. La auditoría descubrió que el Govern anterior suspendió, sin notificarlo previamente a las personas perceptoras, más de 2.300 expedientes en el caso de Resoga 16 y, en junio de 2023, suspendió unos 4.000 más correspondientes a Resoga 20 de manera masiva y automática.
Fernández ha señalado irregularidades estructurales acumuladas durante años: gestión informática deficiente y poco adaptada a las necesidades actuales, mala conexión con otras administraciones que dificultaba el cribado y control de datos, suspensiones de expedientes sin notificación que generaban inseguridad jurídica, pagos indebidos prolongados en el tiempo, cobros fuera de Baleares por falta de control de residencia y pagos a personas sin NIE.
Para abordar estas deficiencias, el Govern ha reforzado los equipos humanos, pasando de una veintena de personas a 47 profesionales dedicados exclusivamente a la revisión y tramitación. También se han creado cinco plazas estructurales nuevas y se ha licitado un contrato externo para acelerar la revisión de los expedientes pendientes.
La Renta Social Garantizada es una prestación periódica dirigida a cubrir las situaciones de vulnerabilidad social derivada de la carencia de recursos económicos de las personas, las familias u otros núcleos de convivencia. Se implantó hace diez años y hay beneficiarios que llevan todo ese tiempo cobrando. En septiembre de 2025 había 2.052 titulares de la RESOGA, frente a los 3.387 que había en enero de 2023.
