El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, firmó este sábado una orden para autorizar la instalación de carpas de acogida temporal para más de 1.000 inmigrantes en el puerto de Ceuta, en la zona del muelle de Poniente. La resolución, dictada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, permite ocupar 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario en la Ampliación de Poniente, Fase I, y se adopta pese al voto en contra del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta.
El máximo órgano de gobierno de la Autoridad Portuaria, controlado por la ciudad autónoma, había rechazado el viernes la cesión de los terrenos por 11 votos en contra y 4 a favor, al considerar la instalación «incompatible con la normal explotación del puerto». Los únicos apoyos procedieron de los cuatro representantes del Estado: la Abogacía del Estado, Puertos del Estado, Capitanía Marítima y la Delegación del Gobierno. En contra votaron los representantes de la Ciudad Autónoma, los sindicatos, las organizaciones empresariales y la Cámara de Comercio.
Tras esa negativa, el consejo elevó el expediente a Puertos del Estado, organismo que sí depende de Transportes, y que emitió un informe favorable a la ocupación. El informe admite que la medida «puede incrementar determinados riesgos» para la protección de infraestructuras críticas y para la operativa portuaria, pero concluye que concurren «razones de interés general» que justifican la autorización, siempre que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento del puerto.
No se produce un cambio de titularidad del puerto ni la desaparición de la Autoridad Portuaria. Lo que hace el Estado es ejercer una competencia prevista en la legislación portuaria para autorizar directamente una ocupación que había sido rechazada por el órgano de gobierno local, un mecanismo que le permite sortear el bloqueo administrativo que impedía a la Secretaría de Estado de Migraciones activar el recurso de acogida.
Los trabajos de instalación de las tiendas, frenados el viernes tras la votación, se reanudaron la mañana de este sábado, pocas horas después de la firma de la orden. El objetivo es trasladar a esas carpas a los miles de migrantes que permanecen acampados en la playa del Trampolín y en el entorno de Loma Colmenar, en condiciones precarias, más de un mes después de la entrada masiva del 30 de julio.
La medida ha topado con el rechazo del tejido económico y político de la ciudad. La Confederación de Empresarios de Ceuta reclamó al Gobierno respetar la decisión de la autoridad portuaria y descartar cualquier uso de terrenos del puerto con ese fin. Desde el PP, mayoritario en el consejo portuario, se censuró la imposición del Ejecutivo, mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exigía responsabilidades por la gestión de la crisis. El Ministerio de Transportes defiende, por su parte, que la competencia portuaria «no puede convertirse en un obstáculo» para una respuesta humanitaria y para proteger a personas que malviven en la calle, en una nueva muestra del pulso institucional entre el Gobierno central y la ciudad autónoma por la gestión de una crisis que sigue sin encauzarse.
