El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha confirmado el cese fulminante de dos figuras clave en la gestión del sistema: el director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y el director general de Operaciones y Explotación de Adif, Raúl Míguez Bailo. Ambos responsables, que apenas sumaban un año en el desempeño de sus funciones, se convierten así en las primeras víctimas políticas de una crisis que ha colapsado la movilidad en Cataluña durante los últimos días.
Esta decisión se presenta como una respuesta directa a las exigencias de la Generalitat de Cataluña y como un intento de frenar el desgaste del Ejecutivo central. Santano ha reconocido abiertamente que el Gobierno es plenamente sensible al profundo malestar que embarga a la ciudadanía catalana y a las demandas del gabinete encabezado por Salvador Illa, que había reclamado responsabilidades al más alto nivel tras los incidentes de Adamuz y Gelida. El Ministerio busca enviar un mensaje de renovación y compromiso en una jornada que ha vuelto a ser calificada de infarto por los usuarios, debido a las extremas dificultades para restablecer la normalidad en el tráfico ferroviario.
Los ceses justo cuando la presión sobre el ministro Óscar Puente parecía haber alcanzado su punto máximo tras las peticiones de dimisión lanzadas por líderes como Oriol Junqueras. Al sacrificar a dos directivos técnicos de primer nivel, el Gobierno de Pedro Sánchez intenta ganar tiempo y aliviar la tensión con sus socios catalanes, asumiendo implícitamente que la gestión de la crisis y la comunicación de las incidencias han sido manifiestamente mejorables.
Sin embargo, queda por ver si este relevo en los puestos de mando será suficiente para calmar los ánimos de una población que exige soluciones estructurales más allá de los cambios de nombres.
La prioridad absoluta de Adif y Renfe sigue siendo garantizar la seguridad de la infraestructura y reactivar de forma estable un servicio que se ha visto severamente degradado. El anuncio de Santano marca un antes y un después en la gestión de esta crisis, situando la responsabilidad técnica en el primer plano de la batalla política por el control de las infraestructuras en el noreste peninsular.
