El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido citado a declarar como investigado, ante el instructor del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado Adrián, que ha encontrado en sus comportamientos indicios racionales de criminalidad, en el delito por el que se le investiga: el de revelación de secretos.
Probablemente, el fiscal general del Estado no presenta su dimisión –como sería lógico–, esperando que sea aprobada la vergonzosamente llamada “ley Begoña”, mediante la cual, tramitada por el procedimiento de urgencia, el Gobierno de Sánchez pretende, en un ejercicio burdo de secuestrar a la justicia, limitar la norma constitucional de las acusaciones populares y que sean exclusivamente los fiscales quienes denuncien las causas penales, no el pueblo o los periódicos, por ejemplo.
Pretende, además, el Ejecutivo de Sánchez –para amparar a su fiscal general, a su mujer y a su hermano el músico desmemoriado— que la ya llamada “Ley Begoña” se aplique con carácter retroactivo.
Junto con el fiscal general, investigado por el caso de revelación de secretos relativo al novio de Isabel Díaz Ayuso –un caso flagrante de utilizar la justicia en beneficio de unos colores políticos, un vergonzoso caso de vulneración de derechos individuales—, han sido citados a declarar, también como investigados (ver auto a continuación), Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid (el 30 de enero) y el también fiscal Diego Villafañe (el 5 de febrero).
El auto del instructor del Tribunal Supremo alaba y ampara la actuación de la UCO (Unidad contra el Crimen Organizado) de la Guardia Civil, encargada de realizar las pesquisas que han llevado a los tres citados a sentarse frente al juez.
El instructor habla de “filtración preeminente” y de “bases indiciarias suficientemente indicativas en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió revelarse”. El auto del magistrado instructor tiene 14 folios y es extremadamente difícil, según fuentes jurídicas consultadas, de rebatir.
Los lectores podrán comprobarlo, ya que El Burgado.com ha tenido acceso al mencionado auto, por otra parte ya comunicado a las partes, que da cuenta de las actuaciones de los investigados, que deberán acudir a declarar en compañía de sus respectivos abogados.
En ambientes jurídicos y judiciales de toda Europa causa pavor lo que está ocurriendo en España, con ramalazos sanchistas de autarquía y de colonización de las instituciones –como la propia Fiscalía General, el Tribunal Constitucional, el Consejo General de Deportes y otros— y más tras el envío a las Cortes de la ley de conveniencia que pretende Pedro Sánchez.
La llamada “ley Begoña”, ya explicada, no hace otra cosa que confirmar estas sospechas. Una Asociación de Jueces ha acudido a Bruselas, denunciando la estrategia del presidente del Gobierno, según indican diversas informaciones.
El exfiscal general del Estado, Eligio Hernández, ha tenido duras palabras para los comportamientos legislativos del Gobierno y sus aliados y para la pretendida retroactividad de la “ley Begoña”, ofreciendo argumentos jurídicos muy sólidos para la condición de inconstitucionalidad de la misma. De la misma forma se han pronunciado otros juristas de reconocida solvencia, pero a Pedro Sánchez, imbuido de su proverbial caradura y de su convencimiento de una impunidad auto atribuida, parezca no importarle nada de lo que se diga sobre él.
He aquí el auto redactado por el magistrado instructor del Tribunal Supremo, que pone en una posición muy difícil al fiscal general del Estado, que aun así, incluso con las evidencias que se exponen en el referido auto, se niega a dimitir y cuyos comportamientos muestran connivencia acreditada con los objetivos de Pedro Sánchez de “cargarse” políticamente a una mujer que le causa profunda desazón, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP).
Su prometido ha sido la víctima de las filtraciones que partieron de una institución que se supone debe defender la legalidad y los derechos de todos los españoles, como es la Fiscalía General del Estado.
