El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves por segunda vez la nueva senda de déficit propuesta por el Gobierno, una decisión que complica la planificación presupuestaria del Ejecutivo y reduce el margen de gasto de las comunidades autónomas en 2026. La senda de déficit, que establece los objetivos de déficit público para los próximos años y que condiciona las posibilidades de gasto de las administraciones, no ha obtenido el respaldo necesario en la Cámara Baja debido al voto en contra de una mayoría parlamentaria formada por PP, Vox, Junts y UPN, entre otros. La negativa parlamentaria obliga al Gobierno a reformular sus previsiones fiscales y a presentar uno nuevo que pueda ser aprobado antes de que finalice el año, si quiere garantizar la estabilidad presupuestaria y cumplir con los compromisos europeos en materia de disciplina fiscal.
Las discrepancias sobre la política fiscal y la gestión de las finanzas públicas se han acentuado en las últimas semanas, con debates intensos en el Pleno del Congreso que han puesto de manifiesto las dificultades del Gobierno para lograr acuerdos amplios en materia económica. El rechazo a la senda de déficit también repercute directamente en las comunidades autónomas, que verán reducido su margen de maniobra para elaborar sus propios presupuestos si no se concreta una nueva senda aceptada por el Congreso.
Pese al revés parlamentario, el Gobierno ha anunciado su intención de seguir negociando con los grupos políticos para lograr una fórmula alternativa que pueda ser respaldada antes de que concluya el ejercicio fiscal. Entre las opciones sobre la mesa figuran ajustes en las previsiones de déficit, nuevas proyecciones macroeconómicas y posibles compromisos adicionales con la Unión Europea para garantizar el cumplimiento de los límites establecidos por Bruselas. La ministra de Hacienda ha defendido ante la Cámara la necesidad de una senda pragmática que permita combinar estabilidad presupuestaria con políticas públicas de gasto social y de estímulo económico, pero ha admitido que el resultado de la votación obliga a “repensar” las cifras y a “abrir un proceso de diálogo más amplio”.
La situación añade presión a la agenda económica del Gobierno en un momento en el que la inflación y el crecimiento económico —junto con las demandas de las comunidades autónomas— plantean retos complejos para la gestión de las cuentas públicas. El rechazo a la senda de déficit es visto por analistas como un síntoma de la fragmentación política y de las dificultades para alcanzar acuerdos estables en materia fiscal, un desafío que el Gobierno deberá afrontar de cara a la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las prioridades económicas del próximo año.
