El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un extenso informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, la gran reforma impulsada por el Gobierno para reforzar la lucha contra la corrupción, endurecer las sanciones penales y modernizar los mecanismos de control institucional. El órgano de gobierno de los jueces considera que el texto introduce un “nuevo paradigma” basado no solo en la persecución penal, sino también en la prevención y la supervisión administrativa.
La futura norma, remitida al CGPJ por el Ministerio de Justicia el pasado 6 de marzo, crea una Agencia Independiente de Integridad Pública, endurece las multas a empresas implicadas en delitos de corrupción, amplía plazos de prescripción y refuerza los mecanismos de decomiso y recuperación de activos.
Una nueva agencia estatal contra la corrupción
Uno de los ejes centrales del anteproyecto es la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, adscrita al Ministerio de Hacienda y concebida como autoridad administrativa independiente. El organismo asumiría funciones de coordinación, supervisión e investigación en materia de fraude y corrupción.
El CGPJ valora positivamente que el Gobierno haya evitado “la hiperinstitucionalización” integrando en esta nueva entidad organismos ya existentes, como la Autoridad Independiente de Protección del Informante, la Oficina de Conflictos de Intereses y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
Sin embargo, el informe también plantea importantes reservas. Los vocales consideran insuficiente que la presidencia de la Agencia sea refrendada por mayoría simple del Congreso, y sugieren exigir mayorías reforzadas para garantizar una verdadera independencia política.
Además, advierten de que el texto no delimita adecuadamente las competencias de la Agencia frente a jueces, fiscales y policía judicial. El CGPJ reclama introducir cláusulas expresas que impidan interferencias cuando existan investigaciones penales abiertas.
Más castigo para empresas corruptas
La reforma también endurece de manera significativa las sanciones económicas a las personas jurídicas. El anteproyecto prevé multiplicar las multas máximas para empresas condenadas por corrupción, malversación o cohecho. Según el informe, el sistema actual permite multas de hasta nueve millones de euros, mientras que el nuevo modelo podría elevarlas hasta 72 millones en determinados supuestos.
El Gobierno justifica el cambio citando modelos como el británico “Bribery Act”, una de las legislaciones más severas de Europa en materia de corrupción empresarial.
El CGPJ comparte la necesidad de reforzar el carácter disuasorio de las sanciones, aunque cuestiona algunos aspectos técnicos de la redacción y advierte de posibles incoherencias con la normativa europea recientemente aprobada sobre lucha contra la corrupción.
Cambios en sociedades mercantiles y contratación pública
El informe dedica especial atención a una de las reformas más sensibles del texto: la modificación del régimen de transmisión de participaciones sociales. El anteproyecto elimina la obligatoriedad de escritura pública notarial para estas operaciones y permite sustituirla por documentos privados electrónicos firmados digitalmente.
Para el CGPJ, este cambio podría debilitar los controles preventivos contra el blanqueo de capitales y el fraude. El órgano recuerda que el sistema notarial español ha sido reconocido internacionalmente como una herramienta eficaz de supervisión financiera y recomienda mantener la coexistencia entre escritura pública y documento electrónico.
La norma también incorpora reformas en contratación pública, financiación de partidos políticos y herramientas digitales de control, incluyendo mapas de riesgo de corrupción y mecanismos automatizados de supervisión.
Más dificultades para acceder a beneficios penitenciarios
Otro de los cambios relevantes afecta al Código Penal y al régimen penitenciario. El anteproyecto limita el acceso a beneficios penitenciarios para condenados por corrupción que no hayan devuelto íntegramente el dinero defraudado ni abonado los intereses correspondientes.
El CGPJ considera razonable vincular los beneficios penitenciarios a la reparación económica del daño causado a las administraciones públicas, aunque propone extender la medida también a delitos como blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos o fraude fiscal.
Adaptación a las nuevas directivas europeas
Gran parte de la reforma responde a la obligación de adaptar el ordenamiento español a las nuevas directivas europeas sobre recuperación de activos y lucha contra la corrupción.
El texto prevé nuevas herramientas para localizar, decomisar y gestionar bienes obtenidos mediante actividades ilícitas, además de reforzar la cooperación entre administraciones nacionales y organismos europeos.
El informe del CGPJ, de 75 páginas, no rechaza el proyecto, pero sí reclama ajustes técnicos y garantías institucionales antes de su aprobación definitiva. La futura Ley de Integridad Pública se perfila así como una de las reformas más ambiciosas de los últimos años en materia de transparencia y lucha contra la corrupción en España.
