La séptima jornada del juicio del caso Koldo en el Tribunal Supremo ha dejado este martes dos testimonios que complican el relato de los acusados y de quienes les rodean. La secretaria del exministro de Transportes y el ex consejero delegado de Globalia han declarado como testigos en la vista oral que sienta en el banquillo a José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia.
Ana María Aranda, que fue secretaria de Ábalos y que continúa en el cargo con el actual ministro de Transportes, ha confirmado ante el tribunal que Jéssica Rodríguez, expareja del exdirigente socialista, acompañó al entonces ministro en 13 de los 293 viajes oficiales que realizó, tanto dentro de España como al extranjero. Fue la acusación popular que ejerce el PP quien le preguntó al respecto. Aranda explicó que era Koldo García quien sufragaba esos desplazamientos: «Me facilitó en varias ocasiones una tarjeta a su nombre y yo pagaba al Corte Inglés». La defensa de Koldo García insistió en el punto para que la testigo confirmara que dichos viajes nunca se abonaron con fondos públicos, cosa que ella ratificó.
Aranda también ha descrito la presencia habitual de Aldama en el Ministerio: «Yo siempre veía al señor Aldama subir a nuestra planta e irse a ver al señor Koldo García». Reconoció haberle visto en al menos tres reuniones con cargos externos, una con el gobernador mexicano de Oaxaca y dos con el entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, aunque precisó que nunca se le comunicó de manera oficial que tuviera que convocarle. Sobre los salvoconductos expedidos durante el estado de alarma, la testigo confirmó que Koldo García le solicitó varios pases de movilidad para determinadas personas durante la pandemia: «Solo me lo pidió Koldo, no el ministro». La Fiscalía sostiene que Aldama recurrió a García para facilitar la entrada en España, por vía aérea, a personas de su entorno de negocios, principalmente de nacionalidad venezolana, eludiendo las restricciones vigentes.
La segunda declaración relevante del día corrió a cargo de Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia, matriz de Air Europa. Hidalgo definió a Aldama como un «canal de comunicación» con los distintos ministerios del Gobierno, no solo con el de Transportes, y precisó que su papel abarcó la SEPI y varias carteras durante las gestiones que acabaron con el rescate de 475 millones de euros a la aerolínea en noviembre de 2020. Esa descripción coloca a Aldama como interlocutor activo ante el Ejecutivo en un momento clave, lo que resulta incómodo para quienes en el entorno del PSOE y del Gobierno han negado reiteradamente conocer al empresario.
Pese a todo, Hidalgo restó peso a la influencia real de Aldama en la decisión final de conceder el rescate. Cuando la Fiscalía y la acusación le recordaron los mensajes y audios que el comisionista le remitió en los meses previos a la ayuda pública, el testigo respondió que en más de una ocasión simplemente no los contestaba: «Ni contesto». Algunos de esos mensajes, según explicó, eran simplemente de ánimo en un momento «muy duro» para la compañía. Aldama cobraba 10.000 euros mensuales de Globalia por funciones que Hidalgo describió como «muy amplias»: mediación en contratos de vuelos chárter, negociación de los vuelos que transportaron mascarillas durante la pandemia y labores de asesoramiento con perfil de empresario. La relación comenzó en 2018 tras conocerse en un hotel de México.
Hidalgo rechazó de plano la acusación más grave que pesa sobre su familia: que su padre, el presidente de la compañía Juan José Hidalgo, entregó una bolsa con 500.000 euros a Aldama en presencia de Koldo García. Esa versión la aportó el 9 de abril ante el mismo tribunal Leonor González Pano, exnovia de Aldama. El testigo lo negó de forma tajante. También desmintió que Ábalos promoviera, a petición de Aldama, la publicación de una nota de prensa ministerial el 8 de agosto de 2020 que, según la Fiscalía, anticipaba la posición favorable del Gobierno al rescate: «Nunca se produjo ni se pidió por parte de la compañía». El único documento oficial que Globalia recibió, dijo, fue el expedido por la SEPI el 9 de septiembre de 2020 para acreditar ante los acreedores que el proceso estaba en marcha.
