El Pleno del Cabildo Insular de Tenerife ha aprobado hoy (jueves) un acuerdo institucional en el que solicita la suspensión temporal de la regla de gasto para los cabildos insulares, con el objetivo de hacer frente al impacto económico derivado del actual contexto geopolítico internacional.
La decisión se produce en un escenario marcado por la inestabilidad global, especialmente por la escalada del conflicto en Oriente Medio, que está generando efectos directos sobre los mercados energéticos y financieros, así como un incremento del coste de la vida.
En el acuerdo se indica que Canarias, como región ultraperiférica de la Unión Europea, se ve especialmente afectada por esta situación debido a factores estructurales como la lejanía, la insularidad y la dependencia exterior. El encarecimiento del transporte, la energía y los suministros básicos está teniendo un impacto significativo en las familias, el tejido productivo y los servicios públicos del Archipiélago. En este contexto, los cabildos insulares desempeñan un papel clave en la respuesta institucional a la crisis. Sin embargo, su capacidad de actuación se encuentra limitada por las actuales reglas fiscales, diseñadas para escenarios de estabilidad económica.
El acuerdo aprobado plantea varias medidas concretas como solicitar al Gobierno de España que impulse ante la Comisión Europea la suspensión temporal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; instar a la aprobación de un instrumento normativo que contemple la suspensión excepcional de la regla de gasto durante los ejercicios 2026 y 2027; permitir el uso pleno de los remanentes de tesorería para atender necesidades sociales, económicas y territoriales y reclamar la flexibilización del principio de estabilidad presupuestaria teniendo en cuenta las singularidades de Canarias.
Asimismo, en el acuerdo alcanzado se advierte de que la falta de adopción de estas medidas podría comprometer gravemente la prestación de servicios públicos esenciales, la protección social y el sostenimiento del tejido económico de las islas.
El acuerdo será trasladado al Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda, a las Cortes Generales, al Gobierno de Canarias y al Parlamento autonómico para recabar el máximo respaldo institucional.
