La filtración de un correo interno del Pentágono ha provocado un seísmo diplomático en la Alianza Atlántica al desvelar que Washington baraja opciones para castigar a los aliados que no respaldan sus operaciones militares. El documento, que circula en las altas esferas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, plantea específicamente la suspensión de España de las estructuras de la OTAN. El detonante de esta crisis es la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir el uso de las bases de Rota y Morón, así como del espacio aéreo español, para acciones directas contra territorio iraní.
El informe detalla que el Pentágono considera el acceso a bases y derechos de sobrevuelo como el requisito mínimo de cualquier socio de la Alianza. Ante lo que califican como una falta de cooperación, el texto sugiere medidas de presión que incluyen no solo la suspensión simbólica en puestos de mando, sino también un cambio de postura estadounidense sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, e incluso sobre las islas Malvinas en el caso del Reino Unido. Pese a la contundencia del correo, el presidente del Gobierno ha restado trascendencia a la filtración, asegurando que no existe ninguna queja formal por parte de la Administración de Donald Trump.
Desde el punto de vista legal, la posibilidad de expulsar a España de la OTAN carece de fundamento en el Tratado del Atlántico Norte de 1949. El marco jurídico de la organización no contempla ningún mecanismo formal para la suspensión o expulsión de un Estado miembro por parte de los demás. El artículo 13 del tratado solo prevé la salida voluntaria de un país, tras un año de preaviso. Fuentes de la propia Alianza han reiterado este viernes en Bruselas que no existe provisión alguna para forzar la marcha de un aliado, independientemente de las tensiones políticas.
No obstante, los analistas advierten de que Estados Unidos dispone de herramientas de presión indirectas que podrían derivar en una suspensión de facto. Washington tendría capacidad para vetar a España en la toma de decisiones estratégicas, excluirla del intercambio de inteligencia de alto nivel o restringir su participación en proyectos tecnológicos y de defensa comunes. Así, aunque el tratado proteja la permanencia jurídica de España, el pulso diplomático iniciado por el Pentágono amenaza con reducir al mínimo la influencia política del país dentro de la estructura transatlántica.
