La Policía Nacional ha detenido este miércoles a un hombre de 21 años, procedente de Malí y residente en el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares, como presunto autor de la violación de una joven de 21 años ocurrida el pasado sábado 28 de junio, en un sendero cercano al acuartelamiento militar Primo de Rivera, donde se encuentra ubicado ese centro.
El ataque tuvo lugar alrededor de las 19:00 horas. La víctima fue golpeada con violencia y agredida sexualmente, quedando herida en el suelo hasta que un viandante la auxilió y activó el protocolo policial y sanitario correspondiente. La investigación fue liderada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Madrid y Alcalá, apoyándose en imágenes grabadas por cámaras de videovigilancia en las cercanías del CAED.
El arresto se produjo dentro del propio centro durante la tarde del martes. El detenido está acusado de delitos de agresión sexual y lesiones. La víctima permanece hospitalizada y bajo atención psicológica.
Este suceso ha desatado una fuerte conmoción en la ciudad. Un centenar de personas que se concentraron en la Plaza de Cervantes de Alcalá para mostrar su repulsa a la agresión fue interrumpida cuando agentes de la Policía Nacional intervinieron con una carga contra los concentrados, alegando que la protesta no había sido autorizada. La actuación policial generó momentos de tensión y ha sido duramente criticada por colectivos sociales y partidos políticos, que consideran que se trató de una respuesta desproporcionada ante una movilización legítima.
La Policía Nacional carga contra los manifestantes en Alcalá de Henares
La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), ha arremetido contra la Delegación del Gobierno por la falta de comunicación tras registrarse presuntas agresiones sexuales cerca del Centro de Acogida de Emergencia. Piquet acusó al delegado, Francisco Martín, de mantener un “silencio cómplice” y demandó que se ponga “todos los medios” necesarios para identificar al agresor y garantizar la seguridad ciudadana.
Según la alcaldesa, la Policía Nacional confirmó al concejo local la existencia de al menos dos denuncias, ambas relativas a ataques cometidos por varones jóvenes, uno posiblemente interno del centro. Por ello, Piquet pide transparencia y acción inmediata, lamentando que la respuesta del Gobierno estatal haya sido problemática: “Aquí no hay víctimas de primera y de segunda”, advirtió.
El hallazgo ha reavivado el debate político. VOX ha exigido el cierre del CAED, al que responsabiliza de “poner en riesgo la seguridad” de los vecinos. Por su parte, la Delegación del Gobierno mantiene que el protocolo de seguridad se está aplicando de manera rigurosa.
Las autoridades policiales continúan analizando las grabaciones y datos forenses mientras la investigación sigue abierta. En paralelo, crece la presión social para reforzar la protección en los alrededores del centro y mantener la vigilancia contra posibles nuevos incidentes.
