La asociación de víctimas del terrorismo ha criticado duramente la política penitenciaria del Gobierno vasco tras conocerse la concesión del tercer grado a los etarras Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier Zabalo Beitia. COVITE considera que el Ejecutivo autonómico está acelerando la semilibertad de presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real ni una ruptura pública con la izquierda abertzale.
La presidenta del Colectivo, Consuelo Ordóñez, ha exigido la dimisión de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José. «Estamos viendo una política deliberada de vaciar las cárceles de presos de ETA siguiendo las instrucciones de Sortu, sin pedirles un verdadero arrepentimiento y sin respetar el derecho a la justicia de las víctimas», ha afirmado Ordóñez.
El caso de Olarra Guridi, que suma condenas superiores a 2.000 años de cárcel resulta especialmente polémico. El etarra, condenado a cumplir un máximo efectivo de 30 años de cárcel por asesinatos, atentados, estragos y tenencia de explosivos, ya disfrutaba desde julio de 2025 de un artículo 100.2, una vía excepcional de flexibilización penitenciaria. Su fecha de fin de condena estaba prevista para 2036. COVITE denuncia que Olarra sigue siendo reivindicado por el entorno abertzale en actos públicos en su barrio de San Sebastián sin que conste que haya rechazado ese apoyo.
Zabalo Beitia, por su parte, vuelve a recibir el tercer grado después de que le fuera revocado anteriormente. El etarra cumple condena de 25 años de prisión por estragos, lesiones, tenencia de armas y depósito de explosivos con finalidad terrorista. Tras la revocación anterior de su tercer grado, Sare y Sortu organizaron una manifestación en su localidad para protestar por la decisión judicial.
Estas dos nuevas concesiones llegan después de que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria haya dejado sin efecto en las últimas semanas los artículos 100.2 concedidos a los etarras Soledad Iparraguirre, Anboto, y Juan Ramón Carasatorre Aldaz. En el caso de Carasatorre, el juez constató que ni siquiera existía el plan específico de ejecución tratamental, requisito esencial para aplicar el artículo 100.2, y que se había alterado el procedimiento legalmente previsto.
COVITE sostiene que la política penitenciaria vasca se apoya en el fraude de cartas privadas de supuesto arrepentimiento. El Colectivo recuerda que la Audiencia Nacional dejó claro en 2023, al revocar el tercer grado del etarra Xabier Atristain, que estas cartas con manifestaciones genéricas no tienen valor mientras no vayan acompañadas de signos inequívocos de desvinculación.
La asociación ha reclamado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra estos dos nuevos terceros grados. Las víctimas no pueden personarse en la fase de ejecución de condenas, por lo que la Fiscalía es la única institución con capacidad para impugnar estas decisiones.
