La empresa pública Correos dejó de comunicar las cifras diarias del voto por correo durante la campaña de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, un dato que sí había hecho público en comicios anteriores, y ha esquivado durante casi tres años las peticiones de un ciudadano que reclamaba esa información por la vía de la transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha terminado dándole la razón y obligando a la compañía a entregar el desglose, según la resolución que el organismo dictó el pasado mes de junio.
El origen de la polémica se remonta al verano de 2023. El 12 de julio de aquel año, en plena campaña, un ciudadano solicitó a Correos que hiciera pública la información sobre el voto por correo, después de que trascendiera que desde el 22 de junio la empresa había dejado de difundir las cifras diarias de solicitudes, algo que sí se comunicaba en procesos electorales precedentes. Aquel apagón informativo generó quejas de la prensa y de los sindicatos, que denunciaron falta de transparencia en un asunto especialmente sensible: la gestión de más de dos millones de sufragios en unos comicios muy ajustados.
La respuesta de la compañía fue entonces genérica. En una resolución del 10 de agosto de 2023, Correos sostuvo que había venido dando información puntual sobre el voto por correo a través de los canales habituales, como los medios de comunicación, la atención al cliente o la sala de prensa de su web, y que había dado cuenta detallada de las medidas de gestión a la Junta Electoral Central y al Ministerio del Interior, los órganos supervisores del proceso. La empresa negó de plano que existiera declaración alguna de secreto de Estado sobre esos datos, como había llegado a especularse, y calificó esa idea de carente de todo fundamento. Sin embargo, no facilitó el dato concreto que se le pedía: cuántas solicitudes de voto por correo se habían registrado cada día.
Aquel primer intento del ciudadano se cerró en falso por un tecnicismo. Cuando reclamó ante el Consejo de Transparencia, el organismo inadmitió su reclamación el 18 de diciembre de 2023 sin entrar siquiera en el fondo del asunto, al considerarla extemporánea: la había presentado el 17 de septiembre, siete días después de que venciera el plazo legal de un mes. La cuestión de si Correos debía o no dar esas cifras quedó, por tanto, sin resolver, lo que llevó al solicitante a volver a intentarlo tiempo después con una nueva reclamación.
Ese segundo asalto es el que ha dado finalmente sus frutos. Según ha trascendido del contenido de la resolución dictada el 16 de junio de 2026, el Consejo estima ahora parcialmente la reclamación y ordena a Correos entregar el número diario de votos que custodió en sus distintas instalaciones, los centros de tratamiento, de admisión, las unidades de custodia y las oficinas de reparto, a lo largo de toda la campaña. La compañía únicamente había facilitado una cifra global, la de 2.469.890 sufragios bajo su control, pero no su evolución diaria ni su distribución. El organismo reprochó además a la empresa haber respondido fuera de plazo y rechazó su intento de ampararse en la confidencialidad para no dar los datos, aunque sí aceptó mantener reservadas las medidas operativas de seguridad.
El caso ha sumado, según esa misma información, un episodio final que agrava el reproche a la empresa. Durante la tramitación del expediente, Correos llegó a asegurar ante el Consejo que ya había informado al solicitante del número de votos custodiados en cada local y cada día, una afirmación que el propio organismo desmintió al constatar que ese desglose nunca se había entregado. La custodia del voto por correo en aquellas elecciones fue objeto de una intensa controversia política, con la oposición, encabezada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionando en plena campaña la capacidad de la empresa para garantizar la integridad de los sufragios. Ese trasfondo explica el empeño, durante tres años, en conocer con detalle qué hizo Correos, día a día, con los votos que pasaron por sus manos.
