El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este lunes la imposición —ya firme tras agotarse la vía administrativa— de una sanción económica a la plataforma Airbnb por publicar decenas de miles de anuncios de alojamientos turísticos sin la correspondiente licencia. El importe de la multa supera los 64 millones de euros y se considera una de las más cuantiosas impuestas por el departamento dirigido por Pablo Bustinduy.
La resolución sancionadora, según el comunicado oficial del ministerio, deriva de la detección de más de 65.000 anuncios irregulares —las cifras manejadas en la investigación rondan los 65.122 anuncios— que presuntamente incluían registros falsos o incorrectos, o bien carecían de información esencial sobre la naturaleza legal de los anfitriones y las condiciones del servicio ofertado. Por ello, la conducta ha sido calificada como práctica comercial desleal y publicidad engañosa.
El castigo administrativo es firme después de que Airbnb presentara un recurso de alzada ante el ministro, recurso que ya ha sido resuelto en contra de la compañía, con lo que la sanción agota la vía administrativa. No obstante, fuentes oficiales informan de que la plataforma conserva la vía judicial como posible recurso posterior.
Además de la cuantía pecuniaria la resolución impone a Airbnb la obligación de corregir los incumplimientos detectados: retirar o rectificar los contenidos y anuncios ilícitos, ofrecer la información completa y veraz sobre las licencias y registros de cada alojamiento, y cumplir con las medidas provisionales dictadas por el organismo. También se han acumulado sanciones accesorias menores por omisiones en la información contractual, falta de colaboración con la investigación y desobediencia de medidas cautelares.
El ministerio ha justificado la contundencia de la multa tanto en la presunta magnitud de la práctica (decenas de miles de anuncios) como en el cálculo del beneficio ilícito atribuido a la plataforma, que en la resolución sirve de referencia para modular la cuantía de la sanción. Organizaciones de consumidores han aplaudido la actuación y han calificado la sanción como una llamada de atención a las plataformas digitales para que adapten sus operaciones a la normativa de consumo y vivienda.
Para el sector turístico y para los propietarios que usan plataformas de intermediación la resolución implica un mayor escrutinio sobre la documentación exigible y sobre la responsabilidad de las plataformas en el control previo de los anuncios que alojan. Desde el punto de vista jurídico, la sanción reaviva la discusión sobre la corresponsabilidad de los intermediarios digitales y el alcance de sus obligaciones de diligencia en la verificación de la legalidad de los anuncios.
