- El presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, presentó a los medios de comunicación la Memoria sobre la actividad de los tribunales isleños durante 2024
- A pesar de los altos volúmenes de trabajo de los juzgados de la comunidad, su capacidad de respuesta ha sido “ejemplar”, en palabras del presidente
- La judicatura canaria mantuvo en 2024 la media más alta de sentencias del país: 386,8 por juez/año
- La crisis migratoria provocó un aumento del 206% en la entrada de asuntos en la jurisdicción contencioso-administrativa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
La comunidad autónoma de Canarias volvió a ser en 2024 -como ya lo había sido en los cinco años anteriores- el territorio del Estado donde más se litigó: 212,51 pleitos por cada 1.000 habitantes, 52,1 más que la media del Estado (160,41) y 38,62 más que la segunda en el escalafón, Madrid, que computó 178,39 litigios por cada 1.000 habitantes.
Este es uno de los datos más destacados que pueden extraerse de la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre la actividad de los órganos judiciales de las Islas durante el año pasado, que hoy fue presentada a los medios por el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, en una rueda informativa a la que compareció acompañado de la Sala de Gobierno.
A juicio del presidente, estas cifras, “muy superiores a las de la media nacional, son reflejo de la complejidad social, económica y territorial de nuestro entorno”.
De acuerdo con los datos presentados hoy por Lorenzo Bragado, los órganos judiciales de la comunidad autónoma de Canarias registraron durante 2024, en los cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social), un total de 475.761 asuntos, un 13,9% más que en el año anterior. Dejaron en trámite de resolución 248.641 litigios (un 17,7% más que en 2023) y resolvieron 440.489 (un 15,8% más que en el ejercicio previo).
El incremento en la resolución ha sido muy notable si se compara con el registrado entre 2022 y 2023, que fue del 1,3%.
Frente a estos volúmenes de litigiosidad, la Memoria pone de manifiesto, destacó el presidente, que “la capacidad de respuesta de la judicatura canaria ha sido ejemplar: se han resuelto 440.489 asuntos, un 15,8% más que en el año anterior, y se ha mantenido un alto nivel de eficacia, como lo demuestra el hecho de que hemos alcanzado la media más alta de sentencias del país (386,8 por juez/año), con un porcentaje de confirmación por el Tribunal Supremo del 92%, el cuarto más elevado del Estado”.
“Todo ello, además, con un tiempo medio de resolución en primera instancia de 6,2 meses, situando a Canarias entre las comunidades con mayor agilidad procesal”, detalló.
En el ámbito de la jurisdicción civil, las oficinas judiciales de las Islas registraron durante 2024 un total de 219.059 asuntos (un 16% más que en el año anterior), resolvieron 195.829 (un 22% más que en 2023) y dejaron pendientes de resolución a 31 de diciembre 158.943, un 18,4% más que al final de 2023.
En el orden penal, se computaron 203.803 asuntos nuevos (un 7,3% más que el año anterior), se resolvieron 200.809 (un 8,4% más) y quedaron en trámite de resolución a final de año 49.667 casos, un 7,1% más que en 2023.
Alta carga de trabajo en lo Contencioso
En la jurisdicción contencioso-administrativa se abrieron 19.970 procedimientos (un 115,3% más que en 2023; un dato muy significativo, cuando el año anterior el aumento había sido del 8%), se resolvieron 12.330 (un 44,7% más, cuando el año interior había sido un 8,9% menos) y quedaron pendientes 16.226 (un 85% más que en 2023).
“El incremento sostenido de la litigiosidad ha generado una sobrecarga estructural, que afecta ya a más del 63% de los órganos judiciales, superando el umbral del 130% del módulo de entrada, especialmente en los órdenes civil, social y, de manera crítica, en la jurisdicción contencioso-administrativa”, destacó Lorenzo Bragado.
El presidente calificó de “especialmente preocupante” la situación de los juzgados civiles, con una media del 252% del módulo (superando en un 30% los registros del año pasado); igualmente, los juzgados de lo mercantil, que superan el 211% (el año pasado tenían un +160%); los sociales, con más del 177% frente a un 156% en 2023, y los mixtos, con el 166%.
Dentro de los órganos colegiados, la situación de las secciones civiles de las dos audiencias “solo puede calificarse como crítica”, expuso Bragado: 274% las de Santa Cruz de Tenerife (+191 el año pasado) y nada menos que el 328% las de Las Palmas, que el año pasado tenía un 246% sobre el módulo.
Dentro del TSJ la sobrecarga afecta a la Sala de lo Contencioso-administrativo con sede Santa Cruz de Tenerife con un 346% sobre el módulo y un incremento del 206% con respecto al año pasado, “ello como consecuencia del incremento de la litigiosidad en materia de extranjería”.
La edición más extensa
La Memoria da cuenta, asimismo, de la intensa actividad institucional desplegada por la Sala de Gobierno, la Presidencia, la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Comunicación, así como de la colaboración con el resto de instituciones y operadores jurídicos de Canarias.
Se presenta con el diseño renovado, moderno y dinámico que desde hace cuatro años caracteriza a este estudio y que hace atractivo un trabajo complejo y minucioso.
La edición que se presentó hoy es la más extensa de las cuatro que tienen la firma de Juan Luis Lorenzo Bragado como presidente del TSJC (192 páginas).
El equipo redactor ha ampliado sus contenidos dando visibilidad a aspectos hasta ahora no contemplados, como son la actividad de los juzgados de paz, del tribunal del jurado o la formación descentralizada que desarrolla el CGPJ en las Islas. Se extiende esta edición a la hora de analizar concienzudamente y de manera didáctica la actividad del Juzgado Piloto de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, que se adentra en su cuarto año de existencia en la capital grancanaria, siendo modelo a imitar ya no sólo en toda España, sino en sistemas judiciales internacionales.
