Los 3 millones de euros con los que arrancó la convocatoria de ayudas a la compra de vivienda joven en Canarias no daban para pagar a todos los que tenían derecho a cobrarlas. Para evitar que 159 solicitantes se quedaran fuera pese a cumplir los requisitos, el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ha inyectado 1.507.709 euros adicionales, hasta elevar la dotación a 4.507.709 euros. Con ello, los beneficiarios pasan de 370 a 529 y se agota el fondo disponible.

La clave del movimiento está en que la convocatoria ya está cerrada. Abierta en abril y finalizada hace meses, no admite nuevas solicitudes, de modo que la ampliación no abre ninguna puerta a quien no la pidiera en su momento. Lo que hace el Gobierno es sacar del limbo a los jóvenes que habían presentado su petición, la tenían aprobada y se arriesgaban a no cobrarla por insuficiencia de crédito. La resolución, publicada esta semana en el Boletín Oficial de Canarias, permite así atender el cien por cien de los expedientes que cumplían las condiciones.

La subvención máxima asciende a 11.000 euros por persona, sin contar impuestos ni gastos de la compraventa. Estaba dirigida a jóvenes de hasta 35 años que hubieran adquirido una vivienda ya construida para destinarla a residencia habitual, formalizada mediante escritura pública dentro del plazo. El inmueble podía estar en cualquier municipio del archipiélago, siempre que respetara los límites de precio fijados, que varían según la zona: en La Palma, por ejemplo, el tope se sitúa en 200.000 euros.

La directora del ICAVI, Pino de León, defendió que la ampliación refuerza el apoyo a los jóvenes que aspiran a acceder a una vivienda en propiedad y a desarrollar su proyecto de vida en las islas. Tras el refuerzo, la Administración señala que no quedan solicitudes favorables pendientes de financiación, salvo una cantidad residual de 5.499,24 euros que figura en la lista de reserva.

Quien quiera comprar ahora y aspire a este tipo de ayuda tendrá que esperar a una próxima convocatoria. Esta línea forma parte del conjunto de medidas que el Gobierno canario despliega en materia de vivienda, un asunto situado en el centro del debate político en el archipiélago, que combina ayudas directas, construcción de vivienda protegida y movilización del parque residencial existente.