En democracia nadie gobierna solo. Sin embargo, seguimos actuando como si cada partido pudiera hacerlo y mientras los ciudadanos votan proyectos individuales, los gobiernos nacen de acuerdos colectivos. Entre ambas realidades se abre una cuestión esencial para la calidad democrática: el cuándo y el cómo los electores conocen los pactos que harán posible el poder. Max Weber comprendió que esta pregunta es el corazón mismo de la política moderna; no estamos simplemente ante una cuestión de estrategia electoral. En su célebre conferencia La política como vocación, pronunciada en 1919, formuló una de las distinciones más influyentes del pensamiento político contemporáneo: la diferencia entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La primera mira hacia los principios, la segunda obliga a mirar hacia las consecuencias; una pregunta qué debemos hacer, la otra qué ocurrirá después de hacerlo. Weber nunca consideró que ambas éticas fueran incompatibles. Al contrario, entendía que la verdadera madurez política nace precisamente de la tensión entre las dos. Las convicciones importan, desde luego, pero gobernar obliga también a hacerse cargo de lo que ocurre cuando esas convicciones abandonan el terreno de las ideas y entran en contacto con la realidad. Esa reflexión encuentra su complemento en Economía y sociedad, donde Weber analiza los partidos como organizaciones orientadas a influir en la distribución del poder dentro de una comunidad. Los partidos no nacen solamente para expresar ideas. Nacen también para transformar esas ideas en decisiones, instituciones y poder efectivo. Por eso la cuestión decisiva no es solamente qué principios defienden, sino también de qué manera se proponen gobernar y con quién están dispuestos a hacerlo. La observación resulta especialmente pertinente en la España de hoy. Durante décadas hemos vivido bajo una cierta ficción política. Los partidos se presentaban ante los ciudadanos como si estuvieran llamados a gobernar en solitario y, sin embargo, una vez cerradas las urnas comenzaban negociaciones, acuerdos y pactos que muchas veces el elector desconocía cuando emitió su voto. No se trata de cuestionar la legitimidad de esos acuerdos. La democracia parlamentaria funciona precisamente gracias a ellos. El problema de fondo es otro. Se trata de preguntarse si los ciudadanos conocen de antemano las alianzas que harán posible la acción de gobierno o si las descubren después, cuando la decisión ya ha sido tomada. Porque no es exactamente lo mismo votar un proyecto político que descubrir después cuáles serán los acuerdos necesarios para convertirlo en gobierno. Al desplazar los pactos al escenario posterior a las elecciones, el ciudadano corre el riesgo de convertirse en un mero espectador de negociaciones que determinarán el gobierno surgido de su voto. La representación en el congreso y senado puede transformarse entonces en una relación de confianza más cercana a la obediencia que a la deliberación democrática. En fin, lo que pasó efectivamente. Ahora la creciente fragmentación del panorama político parece estar obligándonos a revisar esta lógica. Cada vez más fuerzas políticas empiezan a asumir que la pregunta fundamental no es si habrá acuerdos, sino cuándo deben hacerse visibles. Y desde una perspectiva weberiana esa diferencia resulta decisiva. Puesto que toda democracia necesita pactos, lo relevante es si esos pactos son sometidos al juicio de los ciudadanos antes o después de las elecciones. Cuando una alianza se presenta durante la campaña, el votante conoce las fuerzas implicadas, comprende los objetivos compartidos, sabe qué mayoría se intenta construir y puede juzgarla antes de depositar su voto. Cuando los acuerdos aparecen únicamente después de los comicios, aunque sean plenamente legítimos desde el punto de vista institucional, queda inevitablemente abierta una pregunta: ¿dispuso realmente el ciudadano de toda la información relevante antes de decidir? Aquí comienza la ética de la responsabilidad aplicada a la democracia. Por eso resulta especialmente interesante observar lo que está ocurriendo en Canarias. A pocas semanas de las elecciones generales, fuerzas políticas muy diferentes han optado por hacer visibles sus acuerdos antes de acudir a las urnas. Coalición Canaria, junto con Municipalistas Primero Canarias y numerosas organizaciones locales e insulares, ha impulsado una candidatura común bajo la denominada «Declaración por la unidad canaria en Madrid». Al mismo tiempo, Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Sumar han decidido concurrir conjuntamente mediante una candidatura unitaria de la izquierda canaria. Poco importa aquí que unos y otros defiendan proyectos distintos para Canarias. Lo relevante es que han decidido presentar sus acuerdos antes de las elecciones y no después de ellas.Y aquí aparece una cuestión mucho más interesante que el propio debate partidista. Con frecuencia tendemos a pensar que toda cooperación implica una pérdida de identidad, como si la unidad exigiera necesariamente la desaparición de las diferencias. Sin embargo, la experiencia política demuestra justamente lo contrario. La uniformidad exige que todos sean iguales. La unidad, por el contrario, permite que las diferencias permanezcan y encuentren un camino común. Quizá sea precisamente eso lo que Weber tenía en mente cuando hablaba de la capacidad de los partidos políticos para cooperar y producir efectos reales sobre la sociedad. La misma reflexión podría aplicarse a cualquier otro espacio político español. También al debate recurrente sobre una posible cooperación electoral entre Partido Popular y Vox, o a cualquier otra fórmula que pudiera surgir en el futuro. Desde un punto de vista democrático, el debate no debería centrarse tanto en el color ideológico de los acuerdos como en la naturalidad con la que son explicados a los ciudadanos. Si dos fuerzas consideran que deberán gobernar juntas, resulta difícil sostener que el elector tenga menos derecho a conocerlo antes que después de las elecciones. Y es precisamente aquí donde Weber vuelve a resultar incómodamente actual. La ética de la convicción nos recuerda la importancia de los principios. La ética de la responsabilidad nos obliga a preguntarnos por las consecuencias de nuestras decisiones y por la forma en que pensamos ejercer el poder que solicitamos a los ciudadanos. Ninguna democracia puede permitirse prescindir de ninguna de las dos. Sin convicciones, la política corre el riesgo de convertirse en mera administración del poder; pero sin responsabilidad, las convicciones pueden terminar funcionando como una cómoda excusa para ignorar la realidad. Por eso la cuestión de fondo no consiste en determinar si los partidos pactan o no pactan. En democracia siempre se pacta. Tampoco consiste en decidir si una candidatura es más legítima por presentarse en solitario o en coalición. Presentarse en solitario no convierte automáticamente a nadie en más democrático, como tampoco una coalición resulta menos legítima por reconocer abiertamente que pretende gobernar junto a otros. Claro está que siempre queda una tercera posibilidad: la de aquel hombre, en cada partido, que no pregunta demasiado ni por la ética de la convicción ni por la ética de la responsabilidad, pero sabe contar, y a eso se dedica con toda la retórica del mundo. Cuenta escaños, suma porcentajes y calcula mayorías. Pero las matemáticas sirven para formar gobiernos. Lo más difícil sigue siendo explicar para qué se quiere gobernar.