Lo escribí aquí hace semanas, cuando el juez Calama todavía andaba desempolvando el despacho del expresidente . Las hijas de Zapatero acabarían sentadas ante el instructor. Basta con saber cómo se instruye una causa penal y  Laura y Alba Rodríguez Espinosa declaran posiblemente el 30 de noviembre, en San Andrés.

Y ya que estamos con la hemeroteca en la mano, permítanme cobrarme otra vieja profecía de las mías. Cuando el asunto de Begoña Gómez empezaba a coger cuerpo y en las tertulias todavía se preguntaban si aquello llegaría a algo, escribí en esta misma columna que la mujer del presidente terminaría siendo juzgada por la Ley del Jurado —la vieja Ley Belloch, la LO 5/1995—, porque los delitos que se le imputaban (tráfico de influencias y malversación) están en el listado del artículo 1.2 de esa ley desde hace treinta años. Búsquenlo en la hemeroteca de El Burgado, que ahí está firmado y fechado. Esta misma semana el juez Peinado ha abierto juicio oral contra ella por esos mismos delitos. Cumplido, pues. Uno no acierta por listo, sino por leer las leyes que otros no se molestan y sí en cambio opinar como doctores del ramo.

Vamos con la primera precisión, porque me pone de los nervios leer titulares mal escritos. Nadie ha imputado a las hijas de Zapatero, esa palabra que los periodistas siguen usando como si el legislador no hubiera pasado por ahí en 2015. Están citadas como investigadas, que es exactamente lo mismo con otro nombre: hay indicios que apuntan hacia ellas y el juez quiere oírlas con todas las garantías, solo indicios de criminalidad, anda más. No las condenen, no toca ahora. Y si toca hay un procedimiento garantista, que para eso estamos en un Estado de Derecho.

Calama ya les atribuyó esa condición en junio; ahora se limita a llamarlas al estrado, que es lo que en Derecho toca cuando se ha decidido que alguien tiene algo que explicar. En este país nos hemos acostumbrado a fingir escándalo cada vez que la Justicia hace lo que debe. A mí, me toca a diario.

Lo verdaderamente jugoso del auto -y aquí es donde la instrucción se pone seria- es lo de las joyas. El juez ha encargado a los peritos de Yanes un dictamen gemológico completo sobre las piezas que se llevaron el pasado 19 de mayo del despacho del expresidente: de dónde vienen, qué metales las forman, cuántos años tienen y cuánto valen hoy pieza a pieza y en conjunto. Para eso, el instructor manda trasladar a la joyería los seis informes que ya emitió en junio el Instituto Gemológico Español. Y de paso le da a la defensa de don José Luis un plazo de tres días para entregar toda la documentación que tenga sobre esas joyas. Tres días. Me parece poco.

Este auto le dice una sola cosa: al expresidente le toca justificar de dónde salieron esas alhajas. Y si no puede, tendrá que hacerlo alguien de su casa. Ese es, exactamente, el problema en el que están metidas las dos hijas. Vaya lio en que ha metido a sus hijas.

Ahora, dicho todo lo anterior, vuelvo a dejar claro, por si alguien llega leyendo hasta aquí – que lo dudo- que ni Laura ni Alba están condenadas por nada. Faltaba más. La presunción de inocencia es lo primero, y en esta columna lo será siempre, aunque el apellido moleste o precisamente porque moleste. Pero también hay que decirlo alto: cuando un padre mezcla su patrimonio con su cargo, y su cargo con su familia, no puede sorprenderse de que la instrucción termine llamando al timbre de los suyos. Que nadie castiga por castigar, sino para que el pecado no se repita. Aplíquenlo ustedes al caso.

Y es lo que adelante en su día, y es que  la diferencia entre un jurista y un tertuliano es exactamente esa, que  uno lee la ley antes de opinar, el otro opina y eso.

Por eso hay que estar atento a la  tasación de Yanes  que marcará el ritmo de los próximos meses.