Hay imágenes que resumen un problema mejor que cualquier estadística.
Una pareja joven visita cinco viviendas en una semana y no consigue alquilar ninguna. Mientras tanto, numerosas viviendas permanecen cerradas durante meses o incluso años.
La paradoja resulta evidente: existe una enorme necesidad de vivienda y, al mismo tiempo, una parte del parque residencial permanece fuera del mercado.
Detrás de esas viviendas existen herencias sin resolver, inmuebles que necesitan rehabilitación y propietarios que sienten inseguridad a la hora de alquilar. Aunque la mayoría de los arrendamientos transcurren con normalidad, el temor a la morosidad o a largos procedimientos judiciales influye en muchas decisiones.
Cada vivienda que permanece vacía reduce la oferta y aumenta la presión sobre los precios. En Canarias, donde el suelo es limitado y la demanda continúa siendo elevada, esta situación tiene un impacto especialmente significativo.
Más que buscar culpables, el debate debería centrarse en soluciones: mejorar la seguridad jurídica, impulsar la rehabilitación, agilizar los procedimientos administrativos y generar confianza para que más viviendas regresen al mercado.
Porque una vivienda cerrada difícilmente cumple su función. Una vivienda habitada, en cambio, beneficia al propietario, al inquilino y al conjunto de la sociedad.
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