El calendario no es casual. El informe se publica apenas tres meses después de la entrada en vigor del Real Decreto 180/2026, la norma con la que el Gobierno pretende blindar el acceso sanitario universal a los extranjeros sin residencia legal. La coincidencia ha levantado algunas cejas entre epidemiólogos y gestores sanitarios, que valoran positivamente los datos, pero se preguntan por qué no se publicaron antes y por qué ahora se presentan con tanto énfasis político.
El propio documento reconoce sus limitaciones metodológicas. Los sistemas de información del Ministerio representan fundamentalmente a la población migrante en situación administrativa regular, es decir, a quienes ya tienen sus papeles en orden. Los irregulares —los más vulnerables, los que más barreras enfrentan— apenas aparecen en las estadísticas. En otras palabras, el informe habla de los que ya están dentro del sistema, no de los que todavía quedan fuera.
Más urgencias, menos primaria: ¿un éxito o una alarma?
El dato más revelador del informe, aunque el Ministerio lo menciona casi de pasada, es el patrón de uso sanitario de los migrantes: acuden a urgencias en mayor proporción que los españoles —un 56,5% frente al 51,2% según el Barómetro Sanitario—, mientras que hacen un uso menor de la atención primaria y de las consultas hospitalarias programadas. El ministerio lo atribuye a las dificultades de acceso al sistema. Dicho de otro modo: los migrantes llegan al médico cuando ya no pueden más.
Este patrón, que los expertos denominan uso reactivo frente a uso preventivo, es la huella clásica de un sistema que falla a un colectivo. No es que los migrantes usen bien la sanidad; es que la usan cuando ya no les queda otra opción. Y eso tiene consecuencias: para su salud, porque los problemas crónicos mal seguidos se agravan, y para las arcas públicas, porque una guardia de urgencias cuesta mucho más que una consulta de medicina general.
«Los migrantes llegan al médico cuando ya no pueden más. Eso no es usar bien la sanidad; es usarla cuando ya no queda otra opción»
Análisis del patrón de uso sanitario. Informe Ministerio de Sanidad, 2026
Catorce años de exclusión y una reforma que llega tarde
El informe recuerda que el Real Decreto-Ley 16/2012 del Gobierno de Mariano Rajoy excluyó a los extranjeros sin residencia legal del sistema sanitario, salvo en casos de urgencia, embarazo y menores de edad. La reforma de 2018, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, recuperó parcialmente la universalidad, pero su aplicación fue desigual en las comunidades autónomas: algunas la implementaron con celeridad; otras la ignoraron o la diluyeron en trabas burocráticas que, en la práctica, seguían dejando a muchos migrantes sin atención.
Lo que el informe no dice, aunque los datos lo insinúan, es cuánto daño se ha acumulado durante todos esos años de acceso restringido. Un estudio citado en el propio documento calculó que la norma de 2012 provocó 82 muertes adicionales cada año entre los migrantes en situación irregular. Más de una década después, el Gobierno celebra el nuevo decreto como un avance. La pregunta incómoda es cuántas de esas muertes habrían podido evitarse si la voluntad política hubiera llegado antes.
Las barreras que los datos no miden
Uno de los puntos más débiles del informe es lo que no puede medir. Los sistemas de información sanitaria registran a quienes acceden al sistema; no a quienes se quedan fuera. Los migrantes en situación irregular, los que más necesitan la protección de una sanidad universal, son precisamente los que menos huella dejan en las bases de datos. El propio ministerio lo reconoce: los resultados del informe son representativos en mayor medida del colectivo de población migrante en situación regular.
A esto se suman las barreras que ningún decreto elimina por sí solo: el idioma, el desconocimiento del sistema, el miedo a ser identificado ante las autoridades, la discriminación en la consulta o en la recepción de un centro de salud. El informe las menciona, pero no las cuantifica. Y sin medirlas, difícilmente pueden abordarse. El Real Decreto 180/2026 puede abrir una puerta; garantizar que alguien pueda cruzarla es un trabajo mucho más largo y complejo.
Un debate que merece más que estadísticas
El informe del Ministerio es valioso y necesario. Pone negro sobre blanco algo que la investigación científica ya venía repitiendo desde hace años: los migrantes no colapsan la sanidad pública; al contrario, la infrautilizan. Ese argumento tiene peso en el debate político y conviene que se repita con datos oficiales. Pero presentarlo como una victoria del sistema es, cuando menos, precipitado.
Una sanidad verdaderamente universal no es la que tolera a los migrantes cuando se demuestra que no la saturan. Es la que los atiende porque tienen derecho a ser atendidos, con independencia de cuánto cueste, de dónde vengan o de qué papeles lleven encima. Los datos son un buen punto de partida para el debate. Pero el objetivo no debería ser demostrar que los migrantes son rentables para el sistema, sino construir un sistema que sea justo para todos.
