La Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado han formalizado ante el Tribunal Constitucional su petición de amparo para el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ambos organismos solicitan que se anule la decisión del Tribunal Supremo de excluir el delito de malversación de la Ley de Amnistía, al considerar que el alto tribunal realizó una interpretación arbitraria de la norma para evitar su aplicación al líder de Junts. Según los escritos presentados, el Supremo se apartó de la voluntad del legislador, que buscaba expresamente perdonar los hechos vinculados al proceso independentista.
La controversia se centra en la interpretación del Supremo sobre si los líderes del procés obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial o si causaron un perjuicio a los intereses financieros de la Unión Europea, supuestos que la ley marca como excepciones para no aplicar el perdón. Tanto la Fiscalía como la Abogacía argumentan que los fondos públicos utilizados para el referéndum del 1 de octubre no supusieron un enriquecimiento para el patrimonio personal de Puigdemont, por lo que la exclusión dictada por la Sala de lo Penal carece de fundamento jurídico sólido.
En sus recursos, el Ministerio Público critica con dureza que el Supremo forzara los conceptos legales para esquivar la aplicación de una ley plenamente vigente. La Abogacía del Estado, por su parte, subraya que la resolución del alto tribunal vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad. Ambos escritos coinciden en que la ley fue redactada con la intención clara de abarcar la malversación cometida en el marco del 1-O y que los magistrados han invadido competencias del poder legislativo al inaplicar la norma basándose en valoraciones subjetivas.
La decisión queda ahora en manos del Tribunal Constitucional, que deberá determinar si el Supremo vulneró los derechos fundamentales de Puigdemont y de los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Este paso supone un nuevo choque institucional entre los diferentes estamentos de la justicia española y el Gobierno. Si el Constitucional concede el amparo, el Tribunal Supremo se vería obligado a dictar una nueva resolución que, previsiblemente, supondría el fin de las órdenes de detención nacionales que aún pesan sobre el expresidente catalán.
