El Gobierno aprueba el fin de las privatizaciones sanitarias y deroga la ley que permitía la gestión privada

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un anteproyecto de ley que busca revertir la tendencia de externalizaciones en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y priorizar la gestión pública directa. La nueva norma supone un giro normativo de calado al derogar la Ley 15/1997, una herramienta legal que durante casi tres décadas ha permitido la entrada de modelos de gestión privada y fórmulas de colaboración público-privada en los servicios sanitarios españoles.

El texto establece condiciones mucho más estrictas para el uso de servicios externos por parte de las administraciones. A partir de su entrada en vigor, la externalización solo será permitida bajo supuestos excepcionales: cuando se demuestre que la prestación directa por parte del sistema público no es viable y siempre que se garantice que el modelo privado cumple con criterios rigurosos de sostenibilidad financiera, eficiencia y calidad asistencial. El objetivo declarado por el Ejecutivo es blindar la integridad del sistema y asegurar que la titularidad y gestión pública sean la norma general.

Para consolidar este cambio de modelo, el anteproyecto incluye una modificación de la Ley General de Sanidad que refuerza los mecanismos de control sobre las concesiones existentes. Con esta reforma, el Gobierno pretende unificar los criterios de gestión en todo el país, limitando la capacidad de las comunidades autónomas para derivar servicios esenciales a empresas privadas. La medida ha sido defendida como una apuesta por la equidad y el fortalecimiento de los recursos propios del Estado tras las carencias detectadas en el sistema público en los últimos años.

Las autonomías gobernadas por la oposición ven en esta ley una invasión de sus competencias y un riesgo para la agilidad asistencial. Por el contrario, los sindicatos del sector y las plataformas en defensa de la sanidad pública han celebrado la derogación de la normativa de 1997, considerándola una victoria largamente reclamada para frenar el deterioro de la red pública. El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria, donde se espera un intenso debate sobre el equilibrio entre la gestión directa y la colaboración privada.