La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decretado el archivo de las diligencias de investigación preprocesales abiertas contra el cantante Julio Iglesias. El Ministerio Público, tras analizar la denuncia interpuesta por una organización internacional en representación de dos antiguas empleadas del artista, ha concluido que los tribunales españoles no son competentes para investigar los presuntos delitos de agresión sexual, acoso, trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que se le atribuían.
El decreto de archivo, firmado por la teniente fiscal Marta Durántez, fundamenta la decisión en que los hechos denunciados habrían ocurrido exclusivamente fuera del territorio nacional, concretamente en las residencias que el cantante posee en República Dominicana y Bahamas durante el año 2021. Según el escrito fiscal no se cumplen los requisitos legales para activar la jurisdicción española ni el principio de personalidad activa, ya que no existe un vínculo de conexión suficiente entre los sucesos y España que permita a la Audiencia Nacional ejercer su autoridad sobre delitos cometidos en el extranjero.
La Fiscalía aclara que esta resolución es estrictamente formal y técnica, por lo que no entra a valorar si los graves hechos relatados por las dos extrabajadoras —una empleada doméstica y una fisioterapeuta— son ciertos o no. La decisión de archivar se basa en que la actual legislación española restringe la persecución de delitos en el exterior a casos muy específicos que aquí no concurren. Por tanto, el Ministerio Público señala que la vía judicial adecuada para las denunciantes es acudir a los tribunales de los países donde presuntamente se produjeron las agresiones y el trato vejatorio.
La noticia ha sido recibida con alivio por el equipo legal de Julio Iglesias, encabezado por el abogado José Antonio Choclán, quien ya había solicitado el sobreseimiento alegando precisamente esta falta de jurisdicción y el grave daño reputacional que la investigación estaba causando al artista. Por su parte, la ONG Women’s Link, que representa a las presuntas víctimas —quienes han llegado a declarar como testigos protegidos durante esta fase preliminar—, ha calificado la decisión de lamentable y ha anunciado que estudiará nuevas acciones legales internacionales para que el caso no quede en la impunidad debido a cuestiones competenciales.
