El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado prorrogar durante treinta días más el secreto de la pieza separada que investiga los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre los años 2017 y 2024. El magistrado, instructor del denominado caso Koldo, ha tomado esta decisión para proteger el contenido de la documentación aportada por el propio partido —un dispositivo de memoria USB con miles de registros— y asegurar el éxito de las diligencias que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está llevando a cabo sobre la contabilidad interna de la formación.
La resolución judicial, dictada este miércoles, da traslado de todo el material a la Fiscalía Anticorrupción para que emita su informe preceptivo. El magistrado justifica el mantenimiento del secreto en la gravedad de los hechos investigados y en la necesidad de preservar la identidad de los cientos de trabajadores, simpatizantes y voluntarios que figuran en los listados de pagos. No obstante, las pesquisas buscan determinar si bajo estos abonos recurrentes en metálico se ocultaron operativas de blanqueo o un posible desfalco, tras detectarse que figuras clave de la trama, como Koldo García o el propio José Luis Ábalos —actualmente en prisión provisional—, manejaban grandes sumas de efectivo de origen incierto.
Este movimiento del juez Moreno se produce apenas veinticuatro horas después de que Patricia Uriz, expareja de Koldo García, declarara como investigada en la Audiencia Nacional. Durante su comparecencia el pasado martes, Uriz admitió que el PSOE realizaba pagos habituales en metálico a su excompañero, aunque sostuvo que se trataba exclusivamente de reintegros legales por gastos adelantados de logística y organización. La fiscalía, sin embargo, mantiene sus sospechas sobre la ausencia de controles internos en la sede de la calle Ferraz que permitieran fiscalizar estas entregas de dinero durante casi una década.
Con la prórroga del secreto, el juzgado impide que las acusaciones populares, entre las que se encuentran varios partidos de la oposición, tengan acceso inmediato a los nombres y cuantías detalladas en el pendrive entregado por los socialistas. El instructor considera que abrir la pieza en este momento procesal podría generar un perjuicio irreparable a la investigación y a la protección de datos de personas ajenas a la trama. El foco se centra ahora en cruzar estos datos con los informes patrimoniales de los principales imputados para esclarecer si la estructura del partido fue utilizada para canalizar comisiones ilegales derivadas de los contratos de mascarillas durante la pandemia.
