El Tribunal Constitucional se inclina por mantener vigente la orden nacional de detención que pesa sobre el expresidente de la Generalitat, según el borrador de la ponencia elaborado por la magistrada del sector progresista Laura Díez. El documento, que será debatido en el pleno del tribunal, propone desestimar la medida cautelar solicitada por la defensa de Puigdemont, que pretendía que se desactivara su posible arresto en suelo español de forma inmediata mientras se resuelve el fondo de su recurso de amparo.
La ponencia de la magistrada Díez aboga por denegar la petición del líder de Junts al considerar que levantar la orden de detención en este momento procesal equivaldría a anticipar el fallo final sobre la aplicación de la Ley de Amnistía. Fuentes jurídicas confirman que el borrador sostiene que la vigencia del arresto dictado por el Tribunal Supremo no causa un perjuicio irreparable que justifique una medida tan excepcional, especialmente cuando el alto tribunal ya justificó la exclusión del delito de malversación del perdón legal basándose en el beneficio personal que el expresidente habría obtenido durante el proceso independentista.
Esta decisión, de confirmarse en el pleno, supone un espaldarazo a la estrategia del instructor de la causa en el Supremo, el magistrado Pablo Llarena. El Tribunal Constitucional prefiere esperar a resolver el recurso de amparo principal antes de tomar cualquier decisión que afecte a la situación personal de Puigdemont. Esto implica que, a efectos prácticos, el expresidente sería detenido de inmediato si cruzara la frontera española, ya que la justicia española sigue considerando que su caso no encaja en los supuestos previstos por la norma de gracia aprobada por el Congreso.
El fallo tiene además una lectura política inevitable, ya que mantiene la presión sobre el líder de Junts en un momento de máxima fragilidad parlamentaria para el Gobierno central. La defensa de Puigdemont confiaba en que la mayoría progresista del Constitucional facilitara un alivio de las medidas cautelares tras el informe favorable de la Fiscalía, pero la ponencia de Laura Díez prioriza el rigor procesal para evitar acusaciones de injerencia en las competencias del Supremo. La resolución definitiva del tribunal marcará el ritmo de la política catalana en los próximos meses y determinará si el expresidente puede regresar a España sin riesgo de acabar en prisión preventiva.
