La actualidad política española parece un bucle infinito de escándalos. Hoy, el foco está sobre el PSOE, un partido que se percibe sumido en tramas de corrupción que abarcan desde lo regional hasta lo nacional e incluso lo personal del número 1 del partido. Sin embargo, ante este panorama, surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿Por qué creer que la oposición será distinta?.
Si analizamos los casos previos que han afectado al PP o las recientes sospechas sobre otras formaciones, la conclusión es inevitable: el sistema está podrido por dentro. No se trata de un problema de siglas, sino de una estructura que tolera y fomenta la falta de ética.
El corazón del problema estructural es que el Gobierno, sea del color que sea, tiene la potestad de colocar a personas afines en los organismos que deberían vigilar. Esta colonización de las instituciones anula cualquier intento de fiscalización real En el Tribunal de Cuentas, sus consejeros son elegidos por los propios partidos, lo que a menudo resulta en un retraso deliberado o en una suavización de la vigilancia sobre las cuentas de esas mismas formaciones. Pero es que también ocurre en los sistemas mediáticos como Radio Televisión Española (RTVE), e incluso las fuentes oficiales como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde existe una tendencia a situar a exministros o personas con carné de partido al frente de estas entidades, liquidando su posible neutralidad y credibilidad.
A esto se suma la persistencia de figuras como el aforamiento, que crea una barrera de protección para la clase política, y una falta de separación de poderes que impide que la justicia actúe con la independencia necesaria.
Paradójicamente, el exceso de leyes y la legislación farragosa no traen orden, sino más corrupción. Cuando un ciudadano o empresario se enfrenta a una maraña administrativa imposible de cumplir, el sistema genera el incentivo perfecto para buscar «el atajo». El favor político o el «enchufe» se convierten en la única vía para agilizar licencias o trámites que, de otro modo, quedarían bloqueados por la propia burocracia.
La solución real no pasa por un simple intercambio de poder en las urnas. Mientras no se propongan reformas profundas que garanticen una vigilancia independiente y una administración transparente, cualquier alternativa política acabará sucumbiendo a las mismas dinámicas. Necesitamos un sistema que impida la corrupción por diseño, no uno que dependa de la buena voluntad de quienes ostentan el poder.
