El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha comparecido este miércoles ante la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’, casi un mes después de haber salido de prisión provisional, donde permaneció cinco meses tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le situaba como uno de los principales implicados en una presunta trama de corrupción vinculada al cobro de “mordidas” a cambio de adjudicaciones de obra pública.
La sesión, celebrada en la sala Clara Campoamor del Senado, ha tenido lugar a partir de las 10:00 horas y se ha convertido en la segunda comparecencia de Cerdán ante esta comisión, tras la que realizó en abril de 2024. Entonces, aún en activo como número tres del PSOE, negó cualquier responsabilidad en la trama.
A su llegada, el exdirigente socialista ha respondido con dureza a algunas de las críticas de los senadores y ha repetido que se considera víctima de una “persecución inquisitorial”, insistiendo en que es inocente de los delitos que se le atribuyen. En la comisión ha llegado solo, acompañado únicamente por su abogado, lo que ha dado pie a comentarios de que incluso su propio partido no le ha respaldado en esta comparecencia.
Cerdán, investigado judicialmente por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, ha hecho uso de su derecho a no responder a algunas cuestiones directamente relacionadas con los hechos bajo investigación, aunque sí ha ofrecido explicaciones sobre su defensa y ha defendido su reputación personal.
La comisión parlamentaria, que cuestiona las ramificaciones de la denominada trama de las mascarillas y otros presuntos amaños de contratos públicos que implican a altos cargos y asesores políticos, ha sometido a Cerdán a interpelaciones de representantes de varios grupos, incluidos PP, Vox y UPN, que han insistido en pedir explicaciones claras sobre su papel en la supuesta red de comisiones ilegales.
En su comparecencia, Cerdán también ha hecho hincapié en que no es dueño de la empresa Servinabar, uno de los puntos clave de la investigación según la UCO, y ha rechazado las acusaciones que se derivan del informe de la Guardia Civil, que señaló que podría haber gestionado pagos vinculados a contratos públicos.
