El ex‑vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, declaró este miércoles ante la comisión parlamentaria que investiga el llamado “caso Koldo” que se sintió “obligado” a impulsar la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por mandato del rector de la universidad.
Doadrio explicó que, aunque le sorprendió la rapidez con la que se tramitó la cátedra —en apenas cuatro o cinco días se completaron los documentos necesarios—, firmó el convenio tras considerar que la documentación estaba “bien”. Aseguró que la asesoría jurídica de la UCM avaló que Gómez, que no contaba con titulación universitaria, pudiera asumir la dirección de una cátedra extraordinaria en virtud de una excepción prevista en el reglamento interno.
En su intervención, Doadrio reconoció que no volvería a firmar una decisión similar a la luz de lo ocurrido y negó haber recibido presiones directas, aunque subrayó que aceptó tramitar la cátedra por el “cargo que ocupaba”. Según su versión, fue el rector quien promovió la creación y quien le planteó que debía aceptar siempre que la documentación cumpliera los requisitos.
La cátedra TSC ha sido objeto de polémica desde su creación, no solo por la falta de titulación universitaria de su directora, sino por las dudas sobre la idoneidad del trámite y la presunta utilización de ese instrumento académico como favor hacia una persona cercana al poder.
La comparecencia de Doadrio aporta un nuevo giro al escándalo: su confesión de sentirse “obligado” a firmar el convenio pone el foco sobre la responsabilidad del rector y del órgano de gobierno de la universidad, más allá de una decisión administrativa rutinaria. Esta revelación podría alimentar nuevas investigaciones sobre cómo se concilian los vínculos políticos y académicos en instituciones públicas.
La versión del ex‑vicerrector contradice además la narrativa inicial, según la cual la cátedra habría seguido un proceso ordinario. Sus declaraciones podrían tener consecuencias tanto en el ámbito universitario como en el judicial, en función de lo que concluya la comisión de investigación del Senado.
