La organización FACUA ha señalado públicamente a la DGT por permitir, según su denuncia, un “fraude masivo” en la venta de balizas de emergencia V‑16 que no cumplen los requisitos obligatorios que entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2026. FACUA sostiene que muchos de estos dispositivos se están comercializando como “homologados por la DGT”, con su logotipo, sin aclarar que carecen de la conectividad exigida (tarjeta SIM o eSIM) y por tanto no serán válidos cuando se apruebe la normativa.
Según el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, la DGT ha mostrado una “pasividad gravísima” al no frenar esta situación y permitir que “multitud de empresas, fabricantes y plataformas de venta se estén forrando” a costa de los consumidores. Rubén Sánchez advierte de que muchos conductores han comprado estas balizas “engañados, con la idea de que servían a partir de 2026”, cuando en realidad no cumplirán la normativa.
FACUA plantea concretamente que la DGT debe activar “un protocolo de alerta pública” que informe claramente a todos los conductores sobre qué balizas están homologadas y cuáles no, y reclama que se ofrezca la opción de devolución del dinero a quienes adquirieron productos no conformes.
Más allá de la denuncia, la polémica gira en torno a los requisitos establecidos para la baliza V‑16: a partir de enero de 2026 será obligatorio para todos los vehículos matriculados en España portar una —la “V‑16 conectada”— que, además de emitir una señal luminosa visible 360°, debe disponer de conectividad con la plataforma oficial de la DGT (tarjeta SIM o eSIM) para transmitir ubicación en caso de emergencia.
Organismos adicionales, como OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), coinciden con FACUA en advertir de que muchas balizas adquiridas hasta la fecha podrían no estar correctamente homologadas. Utilizar una baliza no válida a partir de 2026 podría acarrear sanciones —la multa prevista es de 80 euros—, lo que convierte la situación en un problema real para quienes confiaron en los productos vendidos como legales.
Desde la DGT, sin embargo, se esgrime que la venta de balizas sin conectividad sigue permitida durante el periodo transitorio hasta enero de 2026, en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo de 2021; aunque la Dirección reconoce que hubiese preferido que no se vendieran.
El conflicto pone en el foco no sólo la seguridad vial —el objetivo original de la normativa, que pretende sustituir los triángulos por dispositivos más seguros—, sino también la protección del consumidor y la responsabilidad de las autoridades a la hora de garantizar una transición clara hacia la nueva normativa. FACUA pide ahora medidas urgentes para evitar que miles de conductores se vean perjudicados por adoptar un producto que, en la práctica, será inútil.
