El Estado ha decidido excluir de la adjudicación del lote 3 del contrato estatal de comunicaciones —parte del macroproyecto CORA III de ciberseguridad y telecomunicaciones— a la UTE formada por Telefónica de España y Telefónica Soluciones (UTE TdE-TSOL) por incumplir el requisito legal relativo al plan de igualdad, una falta que ya había provocado la anulación previa de un contrato adjudicado a MaSOrange por idéntico motivo.
La Mesa de Contratación ha considerado que una de las empresas que avalaba la solvencia técnica del consorcio —Govertis Advisory Services, vinculada a Telefónica Tech en la documentación consultada— no tenía inscrito el plan de igualdad exigido para empresas de su plantilla, lo que constituye una prohibición de contratar según la normativa vigente. Ese defecto formal imposibilita que la oferta sea valorada, aunque Telefónica ya había recurrido decisiones anteriores y llegó a ganar un recurso que, en otro momento del proceso, la situó provisionalmente como beneficiaria.
La consecuencia inmediata de la decisión es que la adjudicación del lote queda, a efectos prácticos, desierta y obliga al Gobierno a prorrogar los servicios actuales o a lanzar una nueva licitación. El episodio ha encendido las alarmas en el sector, que observa cómo los requisitos de responsabilidad social y laboral, como los planes de igualdad, están adquiriendo un papel determinante en los procedimientos de contratación pública, hasta el punto de decantar adjudicaciones millonarias.
Telefónica ha defendido públicamente que dispone de planes de igualdad vigentes en sus distintas filiales y ha cuestionado la interpretación técnica aplicada por la Mesa, mientras que fuentes legales recuerdan que la ley es clara sobre la obligatoriedad de la inscripción y su vinculación a la solvencia empresarial. En el pasado reciente, la compañía ganó litigios en los que impugnó ofertas rivales por motivos similares, lo que añade una capa de complejidad jurídica al conflicto y abre la vía a nuevos recursos administrativos.
