En un esfuerzo por recuperar el control de la capital haitiana, Puerto Príncipe, las fuerzas de seguridad han intensificado el uso de drones kamikaze, resultando en la muerte de aproximadamente 300 presuntos miembros de bandas criminales en los últimos tres meses, según informó la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH). Estos ataques, dirigidos principalmente contra bastiones de las pandillas Gran Ravine y Village de Dieu, forman parte de una estrategia liderada por una fuerza especial creada por el primer ministro interino, Alix Didier Fils-Aimé, en marzo de este año.
Los drones, algunos operados por la Policía Nacional Haitiana (PNH) y otros por contratistas estadounidenses como Erik Prince, han sido utilizados para realizar ataques precisos en zonas controladas por pandillas, como la escuela abandonada Maranatha, utilizada como base por grupos criminales. Según fuentes locales, estas operaciones han permitido la reanudación de actividades comerciales y escolares en algunos barrios de Puerto Príncipe por primera vez en meses. Sin embargo, la falta de transparencia sobre las operaciones y la ausencia de datos oficiales sobre bajas civiles han generado críticas de organizaciones como Human Rights Watch, que advierten sobre el riesgo de víctimas colaterales en áreas densamente pobladas.
El uso de drones marca un cambio significativo en la lucha contra las pandillas, que controlan hasta el 85% de la capital, según estimaciones de la ONU. En 2024, la violencia de estas bandas causó al menos 5.626 muertes, 2.213 heridos y 1.494 secuestros en todo el país, con ataques como el de Pont-Sondé, donde la pandilla Gran Grif mató a 70 personas. La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, liderada por Kenia, ha sido incapaz de frenar esta escalada debido a la falta de fondos y personal, con solo 715 de los 2.500 efectivos prometidos desplegados hasta mayo de 2025.
A pesar de los avances tácticos, expertos como Nathalye Cotrino de Human Rights Watch señalan que la estrategia de drones no aborda las causas profundas de la crisis, como la corrupción, la impunidad y las desigualdades económicas. Además, la suspensión de un paquete de ayuda de 15 millones de dólares por parte de la administración Trump ha complicado aún más los esfuerzos de seguridad. Mientras tanto, las pandillas continúan expandiendo su control, exacerbando la crisis humanitaria que ha desplazado a más de 700.000 personas y dejado a 5.4 millones en inseguridad alimentaria aguda.
El gobierno haitiano defiende el uso de drones como una medida necesaria en un contexto de «guerra» contra las pandillas, pero la falta de rendición de cuentas y el riesgo de escalada del conflicto siguen siendo preocupaciones clave para la comunidad internacional.
