El exministro de Transportes José Luis Ábalos, principal imputado en el caso Koldo, ha solicitado este martes al Tribunal Supremo que cite como testigos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a su número dos, el secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez, para que expliquen la compra de mascarillas por parte del Ministerio del Interior a la empresa Soluciones de Gestión, considerada el epicentro de la trama de corrupción investigada. La petición, detallada en un escrito al que han tenido acceso varios medios este mediodía, forma parte de la estrategia de defensa de Ábalos para ampliar la investigación y desviar responsabilidades en el escándalo que ha sacudido al PSOE y al Gobierno español.
Según el documento, Ábalos busca que Grande-Marlaska y Pérez aclaren por qué el Ministerio del Interior aparece en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como adquirente de “una importante cantidad de mascarillas” de Soluciones de Gestión, una empresa vinculada al presunto conseguidor Víctor de Aldama y al exasesor de Ábalos, Koldo García. Los contratos, adjudicados durante la pandemia de COVID-19, están bajo sospecha por presuntas comisiones ilegales y tráfico de influencias, y suman millones de euros en compras públicas realizadas entre 2020 y 2021.
Además de los dos altos cargos de Interior, Ábalos ha solicitado la declaración de otros testigos clave, como la directora de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, Belén Villar, el capitán de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla –considerado el primer investigador que detectó la trama–, el subteniente José Luis Rodríguez –descrito por la UCO como “pieza clave” en la gestión de los contratos investigados–, y el empresario José Luis Caramés, también relacionado con los hechos. Estas citaciones buscan arrojar luz sobre las conexiones entre los ministerios, las empresas y los intermediarios en la supuesta red de corrupción.
El escrito también incluye peticiones adicionales, como que el juez solicite a De Aldama documentos sobre los pagos realizados por su socio y hombre de confianza, Alberto Escolano, por el alquiler de un piso en Plaza de España que ocupó una expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, entre 2020 y 2022. Asimismo, Ábalos pide que se incluyan en la causa los registros de acceso al Ministerio de Transportes durante 2020 y 2021, para detallar las visitas de De Aldama y otros implicados, así como el tráfico de WhatsApp entre Koldo García, De Aldama y personal del Ministerio del Interior. Finalmente, solicita las notas de servicio del Grupo de Acción Rápida (GAR) sobre el control al hermano de Koldo, Joseba García, durante un viaje a Valencia para entregar documentación.
La solicitud de Ábalos se produce en un momento de máxima tensión para el PSOE, que enfrenta múltiples escándalos de corrupción, incluido este caso, que investiga una red de contrataciones irregulares durante la pandemia por un valor estimado de decenas de millones de euros. El caso Koldo ya ha salpicado a varios ex altos cargos y empresarios, y ha llevado al Tribunal Supremo a abrir una causa contra Ábalos por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, tras recibir un suplicatorio del Congreso en octubre de 2024 que levantó su inmunidad como diputado.
El ministro Grande-Marlaska, que ha guardado silencio oficial sobre la citación, ha sido hasta ahora una figura secundaria en el caso, pero su departamento ya había sido mencionado en informes previos por la compra de material sanitario a Soluciones de Gestión por un valor de 3,479,355 euros, según datos filtrados a la prensa. Fuentes de Interior indicaron que cualquier compra se realizó bajo procedimientos de emergencia y que no hay indicios de irregularidades, aunque la UCO sigue investigando posibles conexiones con la trama.
La oposición, especialmente el PP y Vox, ha aprovechado la noticia para intensificar sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de “encubrimiento” y “corrupción estructural”. En una rueda de prensa este lunes, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, exigió una investigación exhaustiva y la dimisión de todos los involucrados, mientras que Vox anunció que presentará una moción en el Congreso para crear una comisión de investigación sobre el caso.
Por su parte, el PSOE y Moncloa han evitado pronunciarse directamente, limitándose a reiterar que confían en la independencia de la justicia y que Ábalos, como exministro, tiene derecho a defenderse. Sin embargo, la citación de Grande-Marlaska y Pérez podría abrir un nuevo frente político, especialmente si se confirman vínculos entre los ministerios de Transportes e Interior en las adjudicaciones investigadas.
El juez del Supremo, Leopoldo Puente, aún no ha decidido si aceptará la solicitud de Ábalos, pero fuentes judiciales sugieren que las declaraciones podrían programarse para mayo, dependiendo de la agenda de los testigos y de la evolución de la investigación. Mientras tanto, el caso Koldo sigue siendo uno de los mayores escándalos de corrupción en España en los últimos años, con implicaciones que podrían extenderse más allá de los individuos involucrados y afectar la estabilidad del Gobierno de Sánchez. El país espera con expectación los próximos pasos de la justicia, mientras el debate sobre la transparencia y la ética en la política española cobra aún más fuerza.
