El Gobierno de España ha dado luz verde este martes a una inversión de 71,3 millones de euros para renovar el sistema de seguimiento por medios telemáticos de agresores machistas y sexuales. Este nuevo contrato, que entrará en vigor en mayo de 2026 y se extenderá hasta 2029, busca poner fin a la crisis de confianza generada por el actual sistema Cometa, gestionado actualmente por la UTE de Vodafone y Securitas, tras una serie de fallos técnicos que el pasado año pusieron en entredicho la seguridad de miles de víctimas.
La licitación autorizada por el Consejo de Ministros duplica prácticamente el presupuesto del anterior acuerdo, que fue de 35 millones de euros, con el objetivo de introducir mejoras técnicas críticas. Entre las novedades destacan el refuerzo de la geolocalización en zonas rurales, la creación de una plataforma de datos en tiempo real y la actualización de los dispositivos para evitar las imprecisiones geográficas y las sobrecargas del servidor que el pasado noviembre dejaron el sistema inoperativo durante más de diez horas por un fallo en un enrutador.
La aprobación de este gasto coincide con el anuncio del Tribunal de Cuentas, que ha incluido la fiscalización de estas pulseras antimaltrato en su programa estratégico para 2026. El órgano fiscalizador considera la gestión de estos dispositivos como un área de riesgo de la gestión pública, tras los informes que revelaron que algunos agresores podían quitarse la pulsera sin activar alertas y la existencia de zonas de sombra donde la señal se perdía por completo.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que este nuevo contrato garantizará dispositivos de mejor calidad disponibles en el mercado y un refuerzo del personal del centro de gestión.
