La concejala de Medio Ambiente y Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, ha presentado este miércoles su renuncia irrevocable al acta municipal y a su militancia en el PSOE, pocas horas después de quedar en libertad provisional con la obligación de comparecer ante el juez cada quince días. La investigación trata de esclarecer si existió algún tipo de incompatibilidad o conflicto de intereses en la adjudicación de contratos municipales vinculados a Biosfera Soria S.L., sociedad de la que Santos fue administradora y accionista antes de incorporarse al Gobierno municipal en 2019.
En el comunicado remitido a los medios, Santos justificó su marcha invocando la «responsabilidad personal e institucional» y con el «único objetivo» de no perjudicar ni al Ayuntamiento ni al partido. «Considero que esta es la decisión más prudente en este momento», escribió, añadiendo que mantiene «plena tranquilidad» y «absoluta confianza» en la Justicia. Horas antes, el consistorio le había suspendido cautelarmente sus delegaciones y el PSOE tramitaba ya un expediente informativo interno.
El caso ha generado sin embargo un frente político que va más allá de la figura de la concejala. La operación policial, bautizada por la Guardia Civil como Operación Fuentona, investiga delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. Lo que ha disparado la tensión es la posible filtración del operativo. Vox ha presentado una querella ante los juzgados de Soria para que se investigue si Carlos Martínez, exalcalde de la ciudad durante casi dos décadas y actual secretario general del PSOE en Castilla y León, tuvo conocimiento previo del registro antes de que se ejecutara el martes. La formación invoca los artículos del Código Penal relativos a la revelación de secretos por autoridad o funcionario público y a la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas.
La querella se basa en unas declaraciones que El País atribuyó a Martínez en las que supuestamente reconocía saber el lunes, un día antes del registro, que la Guardia Civil acudiría al consistorio. El diario rectificó la información poco después de publicarla. Martínez ha negado haber sido avisado con antelación. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha calificado los hechos de «extremadamente graves» y ha exigido explicaciones sobre si el entorno del Gobierno central facilitó «información privilegiada».
