Los vicepresidentes de Vox de Extremadura, Castilla y León y Aragón han remitido sendas cartas a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para comunicarle que no asistirán a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para el 13 de agosto. La reunión abordará la situación de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio, y los tres dirigentes anticipan además su rechazo frontal a que esos menores sean trasladados a otras comunidades.
En sus escritos, Óscar Fernández (Extremadura), Carlos Pollán (Castilla y León) y Alejandro Nolasco (Aragón) denuncian que en la convocatoria del ministerio no figura ni una sola mención a los graves incidentes ocurridos en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, cuando, según su relato, la entrada masiva de migrantes forzó la frontera y puso en riesgo la seguridad nacional, el orden público y la integridad de los españoles. Tampoco se alude, se quejan, a la responsabilidad del Gobierno en el control fronterizo ni al ofrecimiento formal de Marruecos para hacerse cargo de todos los menores.
Vox exige que los menores, de los que hay 1.342 registrados oficialmente, no sean repartidos por el territorio mientras no concluyan los expedientes individualizados que, sostienen, marca la ley. En cualquier caso, avisan a la ministra de que impugnarán cualquier expediente que no termine con el retorno a Marruecos. El partido fundamenta su postura en el cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional y en el principio del interés superior del menor, y defiende que cada caso debe valorarse de forma individual, sin actuaciones automáticas o colectivas, en línea con la doctrina del Tribunal Supremo.
Los tres vicepresidentes argumentan que es precisamente el reparto de menores lo que dificulta su localización por parte de las familias y retrasa los expedientes de retorno. Apelan a la reunificación familiar y a la devolución al país de origen cuando corresponda legalmente, y recuerdan que Marruecos ha sido considerado país seguro por las instituciones europeas. El plante se enmarca en la ofensiva judicial y política que Vox mantiene contra la distribución de menores, después de que Extremadura anunciara que recurrirá el reparto y presentara varios contenciosos la semana pasada.
