El Grupo Parlamentario Vox ha registrado dos iniciativas en el Congreso para reclamar al Gobierno una respuesta contundente ante la crisis migratoria de Ceuta, tras el asalto masivo a la frontera del pasado 30 de julio. La formación presentó una proposición no de ley con diez medidas en la Comisión de Asuntos Exteriores y una pregunta por escrito para conocer la evolución de la criminalidad en la ciudad desde esa fecha. Vox califica lo ocurrido como un asalto a las fronteras de extrema gravedad y sin precedentes, y denuncia la situación de caos generada por la entrada masiva.
El núcleo de la propuesta es la contención y la devolución. Vox reclama la expulsión de los nacionales marroquíes que se encuentren de forma ilegal en Ceuta, Melilla, Canarias u otros puntos de España, y exige que Marruecos aclare si está dispuesto a readmitirlos. Plantea además suspender la concesión de visados de entrada a ciudadanos de Marruecos y de otros países que no readmitan a los inmigrantes irregulares que partan de sus territorios, el cierre permanente del paso fronterizo hasta que existan garantías de que no se repetirá una agresión semejante, sanciones económicas contra Rabat y la suspensión del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación con Marruecos.
La iniciativa reserva un papel central a las Fuerzas Armadas. El partido pide que el Gobierno declare la situación migratoria como asunto de interés para la Seguridad Nacional y que despliegue de forma permanente al Ejército en la frontera para prevenir nuevos actos de agresión, con atención especial a lo que denomina acciones de guerra híbrida que empleen la inmigración masiva contra España. Ante un eventual nuevo ataque, propone recurrir a cuantos recursos resulten disponibles y necesarios, incluidas las Fuerzas Armadas, siempre de forma proporcional y conforme al Derecho internacional.
El segundo eje busca que Marruecos pague la crisis. Vox reclama que el Gobierno cuantifique el coste del despliegue extraordinario de militares, Policía Nacional y Guardia Civil, así como los gastos de vigilancia y protección de la frontera, rescate y atención de emergencia, asistencia sanitaria, alojamiento y manutención, y los daños a infraestructuras públicas, para reclamar después esas cantidades a Rabat, al que considera responsable de la situación. La segunda iniciativa, una pregunta por escrito, persigue obtener datos oficiales sobre el aumento de los delitos en Ceuta desde el asalto. Las propuestas se enmarcan en la estrategia de prioridad nacional con la que Abascal, cuyo grupo es el tercero del Congreso con 33 diputados, presiona al PP en materia migratoria, después de que las tres comunidades gobernadas por Vox anunciaran que no acogerán a los menores y que impugnarán judicialmente cada expediente de reparto.
