Venezuela se prepara para vivir una nueva jornada electoral este domingo 27 de julio de 2025, cuando más de 20 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para escoger a los 335 alcaldes que regirán los destinos de los municipios del país durante los próximos cuatro años. Además de los ejecutivos municipales, se renovarán también los concejos municipales con un total de 2 471 cargos, en un proceso que, si bien tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos, se desarrolla en un ambiente de tensión política, abstención creciente y control institucional por parte del oficialismo.
La convocatoria fue realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Elvis Amoroso, a mediados de junio. El cronograma se activó rápidamente: las postulaciones de candidatos se realizaron del 9 al 13 de junio, y la campaña electoral se ha extendido del 11 al 24 de julio. El día de votación se mantendrá bajo el esquema tradicional: apertura de mesas a las 6:00 de la mañana y cierre a las 6:00 de la tarde, salvo que haya electores en espera. En paralelo, se celebrará una consulta juvenil en comunidades seleccionadas y, de manera diferenciada, el 3 de agosto se realizará la votación para representantes indígenas.
Sin embargo, más allá de la dinámica formal, el proceso electoral está marcado por un desequilibrio evidente. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que lidera el chavismo, se perfila como gran favorito en unas elecciones donde la mayoría de la oposición, encabezada por la Plataforma Unitaria Democrática, ha decidido no participar. Tras la cuestionada elección presidencial de 2024 y los comicios regionales del pasado mayo —también calificados por varios sectores como una “farsa electoral”—, los principales partidos opositores han denunciado la falta de garantías, transparencia y equidad en el sistema electoral, llamando a la abstención como forma de protesta.
Aun así, algunos actores políticos decidieron competir. Fuerza Vecinal, el partido opositor de mayor presencia local, optó por presentar candidatos en múltiples municipios, buscando retener espacios claves como Chacao, Baruta o San Diego. Figuras como Henrique Capriles han respaldado esta estrategia, defendiendo la participación como única vía de resistencia institucional dentro de un sistema cada vez más cerrado. “La abstención solo le facilita las cosas a Maduro”, declaró Capriles semanas atrás, en un intento por reavivar el debate sobre el voto como herramienta cívica.
En contraste, el oficialismo ha movilizado su maquinaria electoral con gran eficacia. El PSUV organizó miles de Asambleas de Base para seleccionar a sus candidatos, un proceso que, según sus voceros, garantizó alta participación comunitaria y paridad de género. Sin embargo, la decisión final recayó, como es habitual, en la dirección nacional del partido, lo que ha generado críticas internas por la falta de autonomía local. No obstante, en términos logísticos, el chavismo llega con ventaja: controla la mayoría de las alcaldías actuales, domina el aparato del Estado y cuenta con una estructura territorial que ha demostrado su capacidad de movilización, incluso en contextos de baja participación.
Las condiciones en las que se celebrará la elección han sido también motivo de preocupación. Organizaciones de derechos humanos han denunciado el uso de recursos públicos para favorecer al partido de gobierno, la censura a medios independientes y el cierre de pasos fronterizos en días previos a la votación, lo que ha limitado la circulación de activistas y observadores. Por su parte, el CNE ha evitado publicar desagregados por mesa en comicios recientes, lo que alimenta las dudas sobre la transparencia del conteo de votos.
El telón de fondo de esta elección municipal es, en última instancia, el conflicto estructural que atraviesa a la política venezolana: por un lado, un régimen consolidado que busca demostrar legitimidad a través de una serie ininterrumpida de victorias electorales, aunque estas sean cuestionadas por amplios sectores nacionales e internacionales; por el otro, una oposición dividida entre la abstención como denuncia moral y la participación como acto de resistencia.
El domingo 27 de julio será, así, más que una simple elección de alcaldes. Será una nueva prueba de fuerza para el chavismo, una demostración del músculo organizativo de la oposición minoritaria y una muestra más del tipo de democracia que se practica hoy en Venezuela. En juego no solo está el control de los municipios, sino también la posibilidad de que millones de venezolanos encuentren algún canal institucional para expresar su voz en medio de un escenario profundamente polarizado.
