El gobierno de Venezuela ha decidido reducir la jornada laboral de los organismos y oficinas públicas a partir de este lunes 24 de marzo, como medida de emergencia ante una severa sequía que amenaza la generación de energía hidroeléctrica en el país. Según un comunicado oficial emitido el domingo, las instituciones estatales operarán únicamente de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., tres días a la semana, durante un período inicial de seis semanas, con el objetivo de mitigar el impacto de los bajos niveles de agua en los embalses que alimentan las principales plantas eléctricas.
La decisión responde a lo que las autoridades han descrito como un «evento climatológico» provocado por el aumento de las temperaturas globales, que ha reducido drásticamente los niveles de agua en los reservorios de la región andina, responsables de gran parte de la electricidad del país. Aunque el gobierno no especificó los días exactos de trabajo, instó a la ciudadanía a ahorrar energía en los hogares para complementar esta medida. Esta no es la primera vez que Venezuela recurre a recortes laborales por problemas energéticos: en 2016, durante otra sequía, el sector público llegó a operar solo dos días por semana.
La sequía actual agrava una crisis energética crónica, exacerbada por años de falta de mantenimiento e inversión en infraestructura eléctrica, según expertos. Mientras el gobierno atribuye la situación exclusivamente a factores climáticos, como el fenómeno El Niño, críticos señalan que la dependencia excesiva de la hidroelectricidad y la ausencia de alternativas energéticas han dejado al país vulnerable. Hasta el momento, no se han anunciado cortes eléctricos generalizados, pero el precedente de apagones prolongados en el interior del país desde 2019 genera incertidumbre.
Con cerca de 2.8 millones de empleados públicos afectados, esta reducción promete tener un impacto significativo en la ya frágil economía venezolana, aunque el gobierno asegura que los salarios se mantendrán intactos. La medida llega en un contexto de tensiones adicionales, con sanciones recientes de Estados Unidos y una inflación persistente que sigue golpeando a la población. Mientras tanto, los ciudadanos se preparan para ajustar sus rutinas ante un panorama energético que sigue siendo impredecible.
