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La Audiencia Nacional ha dictado una resolución que ya se considera pionera: el Ministerio del Interior tendrá que asumir la indemnización a la viuda de un guardia civil asesinado en acto de servicio después de que el condenado se declarara insolvente. Una decisión que devuelve al uniforme el reconocimiento que tantas veces se promete en discursos, pero que pocas se traduce en justicia efectiva.
La justicia se abre camino
El caso, ocurrido en Granada en 2018, marca un antes y un después: por primera vez, se aplica con toda su contundencia el principio de indemnidad para proteger a las familias de los agentes. Es decir, cuando un guardia cae en acto de servicio y el culpable no puede pagar, será la Administración quien responda.
No se trata de un gesto económico, sino de un reconocimiento moral. Como bien dicen en los pasillos de la Benemérita, “el honor se lleva en el alma, no en la cartera”. Pero en democracia, también en la cartera debe estar el respaldo del Estado.
La noticia resuena con especial fuerza en Canarias, donde la Guardia Civil mantiene una presencia vital en costas, carreteras y operaciones contra el narcotráfico y la inmigración irregular. Las familias de agentes destinados en las islas saben lo que significa vivir con la incertidumbre de que un servicio rutinario se convierta en tragedia.
En Tenerife, La Palma o Lanzarote, los guardias civiles no solo representan la seguridad, sino también el vínculo humano con pueblos pequeños y comunidades enteras. Esta sentencia devuelve a esas familias la certeza de que, llegado el peor escenario, no estarán solas.
El fallo de la Audiencia Nacional no se limita a un caso aislado. Abre la puerta a que otras viudas —entre ellas las de agentes caídos en actos relacionados con el narcotráfico, como los trágicos sucesos de Barbate— puedan ver reconocida esa misma protección
Es, en definitiva, un precedente que blinda la memoria de los caídos y dignifica a sus familias.
Desde estas islas donde tanto se repite la palabra “solidaridad”, celebramos que la justicia por fin se acerque a la verdadera solidaridad: la que se ejerce con hechos, no con discursos. A los guardias civiles que patrullan nuestras carreteras, vigilan nuestros puertos y protegen nuestras casas, les debemos algo más que aplausos en desfiles: les debemos justicia.
Y esta sentencia, aunque tarde, es un paso firme en esa dirección.
