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La investigación sobre el caso Koldo, centrada en presuntas irregularidades cometidas durante la pandemia en la adjudicación de contratos públicos, continúa arrojando episodios tan llamativos como preocupantes. El último: la aparición de una mujer, vinculada al mundo del espectáculo y del cine para adultos, que fue sorprendida intentando sacar un disco duro del domicilio del exministro socialista José Luis Ábalos durante un registro de la Guardia Civil.
El incidente ocurrió el 10 de junio, cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) accedieron al domicilio del exministro en el barrio valenciano de Marchalenes. Allí se encontraba también Anaís D. G., una mujer de 32 años que ha sido identificada como modelo y actriz de contenido sexual bajo el pseudónimo «Letizia Hilton». Según el relato policial, la mujer intentó abandonar la vivienda con un dispositivo de almacenamiento oculto en la ropa, lo que motivó su cacheo e intervención por parte de los agentes.
Más allá de lo anecdótico o lo mediático del perfil de esta acompañante, el verdadero foco debería situarse en qué tipo de información contenía ese disco duro y por qué se pretendía sacar de la vivienda sin que formara parte del registro oficial. Ábalos, por su parte, restó importancia a lo sucedido, asegurando ante la prensa que la operación se había centrado únicamente en la clonación de su teléfono móvil. Una explicación que, a la vista del contexto, resulta insuficiente.
El caso Koldo, que salpica de lleno al PSOE, sigue sumando elementos de clientelismo, posibles tratos de favor y un uso cuestionable del poder público. Las grabaciones intervenidas por la Guardia Civil no sólo muestran conversaciones cargadas de un tono sexista y frívolo entre el exministro y su entonces asesor, Koldo García, sino que también apuntan a una presunta utilización de mujeres como moneda de cambio en círculos de poder: desde la organización de “fines de semana discretos” hasta la supuesta colocación laboral de allegadas en empresas públicas.
Las conversaciones reveladas, en las que se mencionan nombres, preferencias y gestiones para “ayudar” a mujeres como Nicoleta o Patricia a encontrar empleo, dibujan una red de favores que parece haberse movido entre la camaradería masculina y el nepotismo más burdo. Mientras tanto, las responsabilidades políticas escasean y el discurso institucional se limita a negar la mayor o desentenderse del escándalo.
Que una persona como Anaís D.G. —independientemente de su pasado profesional— aparezca en mitad de una operación judicial de esta envergadura y, además, intentara sacar información relevante de la vivienda investigada, debería provocar más preguntas que escarnio. Sin embargo, el enfoque mediático ha tendido más a explotar lo llamativo de su perfil que a indagar en el fondo del asunto: ¿qué clase de entramado se intentaba encubrir?
La escena del disco duro escondido, las conversaciones sobre “Carlotas que se enrollan que te cagas” o las peticiones para colocar a conocidas en empresas públicas no son simples anécdotas: son señales de alarma sobre cómo operan ciertas redes de poder. Y mientras se debate sobre si la modelo en cuestión fue “vecinita” o “pija del porno”, el foco sobre los verdaderos responsables políticos se diluye en una nube de espectáculo.
Porque este no es solo un escándalo de moral dudosa, sino uno que pone en cuestión el uso de recursos públicos, la limpieza institucional y el respeto por los límites entre lo privado y lo político. Y ahí es donde debería estar el verdadero titular.
