El Gobierno ha celebrado como un “hito histórico” el acuerdo alcanzado con Junts para repartir los menores migrantes no acompañados que actualmente residen en Canarias y Ceuta entre todas las comunidades autónomas. Sin embargo, el plan ha despertado reacciones dispares: mientras que territorios como Cataluña y el País Vasco respaldan la iniciativa, varias comunidades gobernadas por el PP amenazan con llevarlo a los tribunales.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha logrado cerrar este pacto tras una negociación que, una vez más, ha requerido un delicado equilibrio con Junts, formación que mantiene una posición crítica en materia migratoria. Aunque en el Congreso la propuesta fue rechazada por Junts, PP y Vox, el Gobierno terminó optando por renegociar con la formación de Carles Puigdemont para conseguir su respaldo.
El decreto aprobado en el Consejo de Ministros no contempla sanciones para las comunidades que rechacen la acogida, pero al tratarse de una norma con rango de ley, su cumplimiento es obligatorio. Aquellas autonomías que no lo acaten podrían enfrentarse a una batalla judicial que podría prolongarse en el tiempo y generar incertidumbre sobre la efectividad del plan.
Un reparto desigual que beneficia a algunos territorios
Uno de los puntos más polémicos del acuerdo es la forma en que se ha diseñado el reparto de menores. El criterio utilizado prioriza a las comunidades que ya han hecho un esfuerzo en acogida en el pasado, lo que implica que algunas regiones, como Cataluña o el País Vasco, recibirán una carga menor en comparación con aquellas que han mostrado reticencias anteriormente. Esto ha generado malestar entre comunidades como Madrid, Andalucía, Aragón y Galicia, que consideran injusto el sistema y han cuestionado su viabilidad.
Desde el Gobierno central, sin embargo, defienden el modelo afirmando que simplemente corrige desequilibrios previos y promueve una «solidaridad equitativa». Pero detrás del discurso oficial también hay un trasfondo político: el acuerdo con Junts ha sido clave para consolidar la relación entre el Ejecutivo y los independentistas catalanes, lo que podría interpretarse como una concesión en plena negociación por otras cuestiones políticas.
La falta de cifras claras genera incertidumbre
A pesar de que Junts ha difundido algunas cifras preliminares sobre el reparto de menores, el Gobierno ha optado por no proporcionar datos concretos hasta que las comunidades autónomas entreguen sus certificaciones antes del 31 de marzo. Este enfoque ha despertado suspicacias: ¿tiene el Ejecutivo ya distribuidos los menores y simplemente busca legitimar la decisión con cifras oficiales?, o realmente está abierto a modificaciones en función de los informes regionales?
Por otro lado, la falta de un registro unificado de menores no acompañados en el país también plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso. «Es imposible saber el número real de menores en España», admiten desde el Gobierno, lo que refuerza las dudas sobre cómo se están tomando las decisiones en torno a esta distribución.
Posturas encontradas en las autonomías
Cataluña ha sido una de las regiones que ha respaldado con más firmeza el acuerdo. La portavoz del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, ha expresado el “total respeto y lealtad” al pacto y ha subrayado el compromiso de la Generalitat con la acogida, evitando dar cifras concretas. Desde el País Vasco también se ha aplaudido el acuerdo, aunque se han cuestionado los 100 millones de euros asignados por el Gobierno central para financiar la acogida.
En Canarias, comunidad que ha soportado la mayor carga migratoria hasta el momento, el presidente Fernando Clavijo ha calificado el día de «importantísimo y feliz» al haberse establecido un sistema de protección nacional. Sin embargo, también ha admitido que el número de menores que puede asumir el archipiélago está muy por debajo de los más de 5.800 que actualmente tiene en sus centros.
Por su parte, las comunidades del PP han anunciado su intención de recurrir el decreto, lo que podría retrasar su aplicación y prolongar la crisis de los menores migrantes en Canarias y Ceuta. La pregunta que queda en el aire es si este acuerdo, presentado como un «hito histórico», realmente mejorará la situación de los menores o si será un nuevo foco de tensión política sin soluciones
