El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mislata ha citado como investigada a Isabel García, exdirectora del Instituto de las Mujeres entre diciembre de 2023 y julio de 2024, y a su pareja, Elisabeth García, exasesora del PSOE en el Senado, por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documentos públicos.
La investigación, que arranca de una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias en octubre de 2024, se centra en la adjudicación de al menos 64 contratos públicos por un valor conjunto superior a los 250.000 euros a dos empresas vinculadas a ambas, Elig Consultoría e Imber, dedicadas a la consultoría en materia de igualdad. La mayoría de esos contratos procedían de ayuntamientos gobernados por el PSOE y Compromís en la Comunitat Valenciana y tenían como objeto la gestión de los denominados puntos violeta, espacios habilitados en fiestas y grandes eventos para atender a víctimas de violencia sexual. Los informes de la Guardia Civil recogen que Elig Consultoría obtuvo 49 contratos públicos en dos años por más de 340.000 euros, casi todos con ayuntamientos valencianos, con indicios de que se utilizaron contratos menores y procedimientos simplificados para evitar la concurrencia competitiva.
Isabel García fundó Elig Consultoría en febrero de 2022, cuando aún era asesora del Ministerio de Transportes dirigido por José Luis Ábalos, del que era persona próxima. Fue nombrada directora del Instituto de las Mujeres en diciembre de 2023 y cesada en julio de 2024 por la ministra Ana Redondo tras el estallido del escándalo, después de negarse a dimitir. La entonces exdirectora negó haber utilizado su cargo para enriquecerse y aseguró que su conducta y la de su pareja se había ajustado siempre a derecho.
La Audiencia Provincial ha avalado la instrucción del juzgado y ha respaldado las principales diligencias practicadas, entre ellas el análisis de las cuentas de ambas empresas y los requerimientos enviados a los ayuntamientos para que aportaran la documentación de los contratos adjudicados. La defensa de García había solicitado el archivo de la causa desde el principio, argumentando que la denuncia se basaba en sospechas genéricas sin prueba alguna de intervención ilegal.
