El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha incoado diligencias previas a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra Bartolomé Lora Toro, vicepresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). La investigación se centra en presuntas irregularidades cometidas durante la tramitación del rescate público a la aerolínea Air Europa, una operación que supuso el desembolso de 475 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
La magistrada a cargo del caso ha citado para el próximo miércoles 22 de abril al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, con el objetivo de realizar el ofrecimiento de acciones y tomarle declaración en calidad de denunciante. Este paso procesal busca ratificar los términos de una denuncia que acusa a Lora Toro de un presunto delito de prevaricación administrativa. Según el escrito, el alto cargo de la SEPI ejercía funciones delegadas de presidencia en el consejo gestor del fondo cuando se autorizó la millonaria ayuda pública en noviembre de 2020.
El eje de la investigación trata de esclarecer si la concesión de estos fondos fue impuesta desde instancias superiores del Gobierno o si se ajustó estrictamente a los criterios técnicos exigidos por la normativa de ayudas estatales. La denuncia pone el foco en que la aerolínea podría haber mantenido deudas pendientes con la Agencia Tributaria en el momento de recibir el rescate, una condición que, de confirmarse, habría invalidado legalmente el acceso a la financiación pública.
Asimismo, el sindicato ha solicitado que se indague sobre supuestos contactos previos a la aprobación del segundo tramo del rescate. Esta decisión judicial supone la primera vez que un tribunal español abre una vía de investigación penal específica sobre la gestión directa de los responsables de la SEPI en el caso Air Europa, marcando un punto de inflexión en el control judicial sobre las ayudas concedidas a las empresas estratégicas durante la pandemia.
