El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos la planificación y ejecución de la entrada de unas 72.000 personas en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. Así consta en un informe fechado el 29 de julio que ha sido remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón y que está también en poder de la Fiscalía.
«La finalidad migratoria opera solo como una cobertura formal que sirve para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera de Ceuta», concluye el documento. El informe sostiene que la operación estuvo dirigida sobre el terreno por gendarmes marroquíes, algunos uniformados y otros de paisano, que guiaron a los migrantes desde la localidad de Castillejos hasta la frontera e incluso les indicaron cómo acceder al espigón de El Tarajal. El CENIF respalda sus conclusiones con numerosas imágenes de los momentos previos y coetáneos a la llegada masiva a las playas ceutíes.
El objetivo de la operación, según el CENIF, fue colapsar el sistema de control fronterizo español y reducir la capacidad de respuesta del Estado, con una finalidad que iría más allá de lo puramente migratorio. La unidad policial descarta que la llegada masiva respondiera a un movimiento espontáneo impulsado por mafias o por convocatorias en redes sociales, y la vincula estrechamente con la reivindicación territorial de Rabat sobre Ceuta y Melilla. El documento define lo ocurrido como una operación de contrainteligencia ofensiva de manual, dado que ha tenido como efecto el cuestionamiento de los servicios de inteligencia españoles.
Las conclusiones del informe contradicen de plano la versión que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sostenido durante toda la crisis, centrada en exculpar a Marruecos y en atribuir la avalancha a un bulo en redes y a una campaña de desinformación exterior. El hallazgo choca también con la estrategia de complacencia hacia Rabat que han defendido ministros como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Exteriores, José Manuel Albares, que llegaron a calificar a Marruecos de «socio leal».
El documento reabre además la contradicción interna sobre qué sabía el Gobierno y cuándo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió ante el Congreso que el CNI sí advirtió con antelación, con 25 agentes desplegados en la frontera, mientras que Marlaska insistió en que no existían informes que anticiparan lo ocurrido. La existencia de este informe del CENIF, fechado el mismo 29 de julio, un día antes del asalto, refuerza la tesis de que sí hubo avisos previos que el Ejecutivo no gestionó adecuadamente.
Marlaska ha reaccionado enviando una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para preguntarle desde cuándo el cuerpo disponía de esa información, que considera «absolutamente esencial». El ministro invoca la Ley 36/2015 para sostener que esos datos debían haberse puesto de inmediato a disposición del Consejo de Seguridad Nacional, y reclama que se le informe con urgencia sobre la veracidad de lo publicado. La jueza Tardón, por su parte, mantiene el caso en fase incipiente de diligencias previas y espera todavía un último informe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil antes de decidir si asume la investigación o la deriva a otro juzgado, y de trasladar toda la documentación a la Fiscalía.
