El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha declarado, en un contundente auto fechado este lunes 30 de junio, que el aforamiento exprés aplicado al secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, en la causa contra el hermano del presidente Pedro Sánchez, “no puede ser admitido”, al considerar que se trató de un “fraude de ley” orquestado para eludir la jurisdicción del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. La Sala ha devuelto el expediente a ese juzgado para que continúe el procedimiento judicial contra Gallardo, David Sánchez y otros nueve investigados por presunta prevaricación y tráfico de influencias en la creación de una plaza a medida para el hermano del presidente.
En su auto, los magistrados describen la maniobra: Gallardo accedió al acta de diputado autonómico tras la renuncia coordinada de cinco miembros de la lista del PSOE, efectuada el mismo día, ante un notario, lo que permitió que tomara posesión en menos de 48 horas y evitase ser juzgado por los tribunales ordinarios. El TSJEx sostiene que esta precipitación, ejecutada con aparente “unidad de acción y acuerdo de voluntades”, revela una estrategia deliberada para blindarse judicialmente.
La resolución subraya que el aforamiento “solo es constitucionalmente admisible cuando responde a una necesidad real de independencia institucional, no como opción procesal” y recuerda que “no confiere impunidad”. Además, advierte que maniobras similares erosionan la confianza ciudadana en la justicia. El TSJ también rechaza la idea de que la condición de diputado conferida tras elecciones otorgue presunción automática de legitimidad en este contexto particular.
Gallardo anunció que no recurrirá el auto ante el Tribunal Supremo, asegurando que su ingreso en la Asamblea respondió a razones políticas y no a una huida judicial. Sin embargo, su defensa y la Fiscalía de Extremadura mantienen posiciones contrapuestas: mientras la acusación sostiene que no hubo fraude legal ni procesal, la jueza instructora y los magistrados del TSJ expresan que el trámite fue “apresurado y torticero”.
Con el caso de vuelta en manos del Juzgado 3 de Badajoz, la jueza Beatriz Biedma prosigue con la investigación sobre los presuntos delitos imputados a Gallardo y David Sánchez, una acusación que gira en torno a la creación irregular de un puesto público en la Diputación de Badajoz en 2017.
Este revés judicial plantea un fuerte golpe político al PSOE, ya que pone en evidencia una maniobra legal con fines judiciales que, según críticos y oposición, vulnera la separación de poderes. El Partido Popular ya ha exigido explicaciones y reclamado responsabilidades, mientras la imagen del Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelve a estar en el centro del escrutinio político.
