La petrolera española Repsol y otras compañías internacionales han visto cómo el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos ha revocado sus permisos para exportar crudo desde Venezuela. Esta decisión, que responde a la estrategia de máxima presión contra el régimen de Nicolás Maduro, supone un nuevo giro en la inestable política estadounidense hacia el país latinoamericano y un revés para las empresas que habían apostado por mantener relaciones comerciales con PDVSA.
Repsol, que había reactivado sus operaciones conjuntas con la petrolera estatal venezolana en 2023 gracias a la relajación de sanciones bajo la Administración Biden, ahora se enfrenta a la incertidumbre derivada del endurecimiento de la postura de Trump. La empresa española produjo en Venezuela un promedio de 67.000 barriles diarios en 2024, una cifra que podría reducirse drásticamente si no logra una nueva autorización. Además, su exposición patrimonial en el país asciende a 504 millones de euros, lo que convierte este mercado en una pieza clave de su estructura financiera.
El caso de Repsol no es aislado. Compañías como la estadounidense Global Oil Terminals, la italiana Eni, la francesa Maurel & Prom y la india Reliance Industries también se ven afectadas. Estas empresas habían operado bajo licencias concedidas por la Administración Biden, que permitían el comercio con Venezuela a pesar de las sanciones internacionales. Sin embargo, la llegada de Trump a la Casa Blanca ha supuesto un viraje drástico en esta política, eliminando cualquier margen de maniobra para las petroleras.
Un giro con implicaciones políticas y económicas
La cancelación de estos permisos se suma a la decisión de Trump de imponer un arancel del 25% a la importación de petróleo y gas venezolanos, lo que aumenta la presión sobre el gobierno de Maduro y afecta directamente a empresas extranjeras con intereses en el país. Según fuentes del sector, la mayoría de las petroleras ya habían reducido su actividad en Venezuela, aunque Repsol y Reliance habían solicitado autorización para continuar operando. Ahora, con la nueva medida, las empresas tienen hasta finales de mayo para cesar sus operaciones en el país.
Las cifras de producción reflejan la complejidad del panorama. En febrero de 2024, Venezuela exportó 910.000 barriles diarios de crudo y combustible, por encima de los 867.000 de enero. En este contexto, Repsol había duplicado su recepción de crudo venezolano en comparación con el año anterior, alcanzando los tres millones de toneladas en 2024, un nivel similar al de 2015.
Este cambio en la política estadounidense genera dudas sobre la estabilidad de las relaciones comerciales internacionales y la previsibilidad de la diplomacia energética. En su informe financiero de 2024, Repsol ya había advertido sobre la volatilidad de la situación en Venezuela, señalando que su estrategia pasaba por garantizar el cumplimiento de la normativa internacional de sanciones y mantener una vigilancia constante sobre la evolución política del país.
No obstante, la política de Trump no solo responde a cuestiones económicas. Su Administración ha endurecido el discurso contra Maduro, acusándolo de no aceptar el retorno de migrantes venezolanos irregulares y de permitir la infiltración de bandas criminales en Estados Unidos. Estas acusaciones, combinadas con la designación de la banda Tren de Aragua como organización terrorista, refuerzan el carácter político de las sanciones. Tampoco demuestra simpatía hacia el regimen de Sánchez, que no cumple con la OTAN en el presupuesto nacional para Defensa.
Con cerca de ocho millones de venezolanos que han abandonado su país en los últimos doce años y con el escenario electoral estadounidense en el horizonte, la estrategia de Trump parece dirigida tanto a debilitar a Maduro como a consolidar su base de votantes con una postura de mano dura. Para Repsol y otras petroleras, esta incertidumbre geopolítica se traduce en pérdidas millonarias y un riesgo constante en sus operaciones internacionales.
