La administración del presidente Donald Trump revocó oficialmente la autorización de la Universidad de Harvard para matricular a estudiantes internacionales, una medida sin precedentes que afecta a unos 6.800 alumnos extranjeros actualmente inscritos. La decisión fue comunicada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien acusó a la institución de fomentar un entorno hostil hacia estudiantes judíos, promover el antisemitismo y mantener vínculos con el Partido Comunista Chino, aunque sin aportar pruebas concretas.
Además de la revocación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), el Gobierno federal congeló 2.200 millones de dólares en fondos destinados a la universidad . Noem justificó la medida afirmando que admitir estudiantes extranjeros es un privilegio, no un derecho, y criticó a Harvard por no corregir su conducta pese a múltiples advertencias.
Harvard ha calificado la decisión como «ilegal» y «dañina para su misión educativa», y ha anunciado que emprenderá acciones legales para impugnarla. La universidad también ha expresado su compromiso de apoyar a su comunidad internacional durante este proceso.
Un juez federal ha bloqueado temporalmente los esfuerzos de la administración para revocar el estatus legal de los estudiantes internacionales, impidiendo deportaciones y transferencias hasta que se resuelva el litigio en curso.
Esta acción se enmarca en una ofensiva más amplia del Gobierno de Trump contra las universidades de élite, que incluye amenazas de revocar su estatus de exención fiscal y recortes en la financiación federal. La medida ha sido ampliamente criticada por grupos de derechos civiles y expertos legales, quienes la consideran un ataque a la autonomía institucional y a los derechos de los estudiantes internacionales.
La comunidad académica y legal sigue de cerca el desarrollo de este caso, que podría sentar un precedente significativo en la relación entre el Gobierno federal y las instituciones de educación superior en Estados Unidos.
